La Iglesia española remitió al Vaticano 220 denuncias contra sacerdotes españoles por abusos sexuales a menores en los últimos 20 años, según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE).
En concreto, según datos de la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, solicitados por los obispos españoles hace unas semanas, en las últimas dos décadas, desde 2001 hasta el 20 de abril de 2021, se han recibido 144 denuncias contra sacerdotes del clero secular y 76 del clero regular.
Del total de casos, 151 se han resuelto y en los 69 casos restantes, el procedimiento sigue abierto, tal y como ha informado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.
El portavoz de los obispos españoles ha querido poner estos datos en relación con el número de sacerdotes que han ejercido el ministerio en estos 20 años, un total de 31.000, entre presbíteros diocesanos y presbíteros religiosos. También ha comparado el dato con las 220.000 denuncias contra el mismo delito que, según ha indicado, se han presentado en España en este mismo periodo.
Es la primera vez que la Iglesia española presenta estos datos, y ha precisado que aunque las denuncias se han presentado en estos últimos 20 años, los hechos pudieron producirse antes del año 2001. Igualmente, ha puntualizado que en estas cifras no se incluyen denuncias contra hermanos no sacerdotes de una congregación religiosa o laicos (profesores de religión u otros).
«GRAVE ACUSACIÓN» DE BELARRA
El portavoz de los obispos ha defendido el trabajo de la Iglesia española frente a la «grave acusación» de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien dijo que la Iglesia española había sido «cómplice de la violencia sexual hacia la infancia».
«Sobre el cruce de declaraciones, quisimos salir del paso a una acusación grave de ser cómplice, una palabra recogida en el Derecho Penal», ha subrayado Argüello, añadiendo que parece como si la ministra quisiera decir que «a partir de la aprobación de la ley de infancia, los obispos se van a enterar.
Si bien, ha puntualizado que la Iglesia española ya «empezó a dar un giro a la normativa y a tomar conciencia» en 2001, hace 20 años, cuando «la Iglesia amplió la prescripción» de los abusos sexuales a menores, abriendo la posibilidad en algunos casos a hacerlos imprescriptibles.
Además, Argüello ha puesto de relieve que el Vaticano ha dado su visto bueno al documento elaborado por los obispos españoles con el que han adaptado a la realidad española el vademecum publicado por la Santa Sede. Según ha señalado, han recibido una «valoración positiva y solo una sugerencia de completar tres artículos».
También ha puesto en valor que hace un año abrieron en las diócesis españolas las oficinas para recibir denuncias y para atender a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, y ha anunciado que van a lanzar también un servicio de asesoramiento desde la Conferencia Episcopal para apoyar los trabajos de estas oficinas y de las erigidas por congregaciones religiosas, para que puedan compartir sus experiencias y atender a necesidades que surjan.
Asimismo, pretenden que sirva para mantener un canal de comunicación con las administraciones públicas y con la Fiscalía General del Estado para abordar y poner «remedio a esta realidad desgraciadamente creciente y sangrante en la propia sociedad española».
«Es especialmente doloroso, injusto y no adecuado poner todo el foco, al hablar de los abusos, en la Iglesia. Para nosotros es un escándalo que estos abusos se produzcan en la Iglesia pero tenemos un verdadero problema social», ha declarado el portavoz de los obispos, refiriéndose a las declaraciones de Belarra.
Si bien, ha reconocido que «en alguna época» la Iglesia quizá «ha caminado demasiado despacio» y en otra, «ha mirado hacia otro lado y ha dicho que los trapos sucios se lavan en casa».
En todo caso, ha rechazado que la ministra Ione Belarra diga que la Iglesia española no está cumpliendo con informar de las denuncias que le llegan a la Fiscalía. Por el contrario, ha asegurado que cuando una diócesis recibe una denuncia «inmediatamente» se comunica a las autoridades judiciales.
