La sindicatura de Greuges ha concluido que el estado de alarma y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales «han intensificado» la situación de pobreza y exclusión que padecían un número importante de personas, al tiempo que ha aumentado «el colapso» en la atención de los servicios sociales.
Así, lo ha señalado que el síndic de Greuges, Ángel Luna, tras entregar en Les Corts la memoria de la institución en 2020, que recoge que servicios sociales, dependencia, discapacidad, igualdad y menores concentraron el 34,93 de las quejas — un total de 1.420– frente a las 1.420 de 2019, que supusieron el 31,43%. En concreto, se iniciaron 758 quejas por servicios sociales, 608 por atención a la dependencia, 40 por menores y 14 por derechos de género e igualdad.
Luna ha explicado que la conselleria de Igualdad es el organismo que encabeza el mayor número de quejas presentadas con 1.302 porque «quien tiene recursos recurre a un abogado» y la Sindicatura es «el recurso de los sin recursos y que tienen problemas con la renta valenciana de inclusión, la dependencia o la discapacidad y lamentablemente los retrasos aquí son enormes». Además, estas quejas llegan directamente porque son los propios trabajadores sociales los que orientan estas personas a acudir a la institución para reclamar su derecho.
Luna ha destacado que ante la pandemia «sí que ha habido una respuesta ciudadana importante, pero las Administraciones públicas han sido incapaces de coordinar esos esfuerzos que se hacían de fuera, que era lo mínimo que se podía haber hecho».
Con todo, ha reconocido que para atender estas situaciones de emergencia muchas administraciones públicas han desplegado diversas ayudas dirigidas a cubrir las necesidades básicas como alimentación, productos de higiene, servicios como la luz, el agua, gas o el pago de alquiler.
El problema es que la gestión de estas prestaciones debe realizarse a través de los servicios sociales municipales de atención primaria que, aunque se han considerado como servicios esenciales, han tenido «grandes dificultades para funcionar de forma ágil y efectiva» ya que antes de la pandemia ya estaban «al borde del colapso».
Así, las demoras para recibir esta primera atención han sido «bastante generalizadas». Por ello, el Síndic de Greuges planteó quejas de oficio sobre este problema en el Ayuntamiento de València y en el de Alicante, donde los retrasos para obtener una primera cita alcanzaban los diez meses. Pese a que ambos consistorios establecieron procedimientos de choque para poder filtrar las urgencias, en situaciones como las vividas durante la pandemia tales medidas fueron «claramente insuficientes».
Además, durante muchos meses, «la saturación» de las líneas telefónicas o la falta de respuesta de la Administración «sólo dejaba como alternativa la comunicación digital, lo que no está al alcance de una parte importante de la sociedad y, especialmente, de las personas más vulnerables, ya sea por falta de conocimientos o de medios. Luna ha mostrado su «gran preocupación» ya que estas personas «requerían ayudas de inmediato y no podían retrasar meses su contacto ante la falta de ingresos o ahorros».
Asimismo, se han agudizado los retrasos en la tramitación y resolución de los expedientes de dependencia, de renta valenciana de inclusión y en la obtención de certificados de grado de discapacidad. La acumulación de trabajo, así como la imposibilidad de realizar la valoración domiciliaria a causa del confinamiento «han empeorado las demoras ya existentes en la gestión de estos expedientes».
Durante el periodo de confinamiento, la Conselleria pidió a los ayuntamientos listados priorizados de las solicitudes que se encontraran en una situación de especial vulnerabilidad. Sin embargo, se han tramitado quejas por demoras de hasta 14 meses en la resolución de expedientes que habían sido incluidos en estos listados, «prueba manifiesta de su escasa utilidad».
Por otra parte, el Síndic ha recibido muchas quejas por las dificultades en la gestión de la renta valenciana de inclusión. Entre ellos destaca, la imposibilidad de introducir nuevas situaciones (modificaciones) previstas en la ley, porque no lo permitía la aplicación informática. En sus resoluciones, se recomendaba a la Conselleria que adapte la aplicación informática a todos los supuestos previstos en la ley, tras más de tres años en vigor.
GRAVES DEFICIENCIAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES
Por otro lado, constata que los efectos de la Covid-19 se han dejado notar de «forma muy especial y dramática» en las personas mayores y, especialmente, entre las que viven en residencias. Al respecto, recuerda que se viene denunciando, desde hace años, que estos centros de mayores «no están adecuadas a la normativa vigente que data de 2005 y no ha sido revisada pese a que el Decreto 59/2019 preveía su actualización».
El caso más grave que ha investigado el Síndic se recoge en una queja de oficio sobre la atención que reciben los residentes en la Residencia de Personas Mayores Dependientes (RPMD) Altabix de Elche (residencia de titularidad pública de gestión integral).
Las «graves deficiencias» encontradas en la dotación material, de personal y en el funcionamiento del centro, que fueron informadas por el propio servicio de inspección de la Conselleria, llevaron al Síndic a recomendar, tanto a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública como a la de Igualdad que se adoptaran medidas urgentes para solucionarlas. Además, el dictamen del Síndic se trasladó al Ministerio Fiscal. Del mismo modo, otras situaciones graves en residencias se han judicializado, por lo que ya no procedió la intervención del defensor.
El Síndic también ha tramitado quejas presentadas por familiares de personas mayores atendidas en residencias, relativas a la regulación del régimen de visitas, por el gran impacto que el aislamiento y el distanciamiento ha tenido en las personas mayores.
