La sindicatura de Greuges ha advertido del aumento de la «brecha digital y las desigualdades en Educación» que se ha registrado como consecuencia de la pandemia, y en especial al alumnado con necesidades educativas especiales con la suspensión de las clases presencial.
Así, lo ha señalado el síndic de Greuges, Ángel Luna, entrega en Les Corts la memoria de la institución, que revela que las quejas referidas a Educación, derechos lingüísticos y patrimonio cultural valenciano supusieron el 9,0% del total de las presentadas frente al 5,65%. En concreto, la Conselleria de Educación con 267 recalmaciones fue la segunda que más quejas recibió.
En ese sentido, ha explicado que ha recibido numerosas quejas de familias de alumnado con necesidades educativas especiales porque su situación se agravó a causa de que se suspendiera la actividad escolar presencial en marzo de 2019, lo que supuso que «no recibieran los apoyos que necesitan» por «la tardanza» en cubrir las vacantes y bajas del personal de atención educativa como educadores de educación especial, logopedas, fisioterapeutas, docentes de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica.
Asimismo, la necesidad de impartir clases a distancia, tras el cierre de los centros educativos, también puso de manifiesto «la dificultad» para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades a una parte del alumnado que no dispone en su hogar de los recursos tecnológicos necesarios para desarrollar la actividad lectiva de forma virtual, en parte por efecto de la brecha digital. Una circunstancia que es especialmente relevante en el alumnado más desfavorecido.
En ese sentido, ha recordado que se abrió una queja de oficio por esta brecha tecnológica y la Conselleria de Educación destacó que se habían incorporado 15.000 tabletas electrónicos para que los alumnos pudieran seguir las clases y se comprometió a distribuir 30.000 más.
LA FALTA DE TRANSPARENCIA SE CRONIFICA
Por último, ha lamentado que el problema de falta de transparencia se ha cronificado y se observa en innumerables instituciones dirigidas por equipos de todo el espectro político. El pasado año se presentaron 477 quejas por esta material, el 11,73% del total de las presentadas.
ha insistido en «la falta de avances» en materia de transparencia de las administraciones públicas ya que de «forma persistente se ignoran» las peticiones de información presentadas por la ciudadanía a los diversos organismos, así como las quejas de los representantes políticos en labores de oposición, por falta de acceso a información pública que consideran necesaria para el ejercicio de su función constitucional.
«Hay que recordar, una y otra vez, que la información de que disponen las administraciones no es propiedad exclusiva de quienes las gobiernan en cada momento», ha recalcado.
En ese sentido, ha mostrado su preocupación por «cómo se ignoran las advertencias y recomendaciones que efectúa en sus resoluciones, sean estos ciudadanos o cargos electos. Con estas actitudes, nuestra salud democrática también se debilita».
