El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves 15 de abril, a las 13:36 horas, el proyecto de Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que eleva a 35 años la edad desde la que empieza a contar el plazo de prescripción de abusos a menores, elimina el Síndrome de Alienación Parental (SAP), obliga a utilizar la prueba preconstituida hasta los 14 años para no revitimizar, e incorpora el deber de todos los ciudadanos de denunciar cualquier indicio de violencia a la infancia.
El texto, al que se han incorporado más de 200 enmiendas de las casi 600 que han registrado los distintos grupos, y al que se han incorporado también más de 70 transaccionales, a su paso por la Cámara Baja, ha sido aprobado este jueves con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, ERC y BNG, el voto en contra de Vox y del PNV y la abstención de PDeCAT y EH Bildu.
Tras su votación en el Pleno del Congreso, el proyecto de ley de protección a la infancia frente a la violencia tendrá que seguir su tramitación en el Senado.
Uno de los últimos cambios introducidos en el texto es la ampliación de la edad a partir de la cual comienza a contar el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores.
EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN ARRANCARÁ A LOS 35 AÑOS
El texto inicial contemplaba elevarla de los actuales 18 años de la víctima a 30 años, pero ahora este umbral se eleva hasta los 35 años gracias al acuerdo alcanzado este mismo miércoles entre PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu, Más País y BNG.
Actualmente, el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores empieza a contar cuando la víctima cumple la mayoría de edad y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.
Entre las modificaciones incorporadas a la ley también destaca la eliminación del Síndrome de Alienación Parental (SAP), –por el que algunos padres acusan a su expareja de manipular a su hijo en su contra–.
Asimismo, se obligará a utilizar la prueba preconstituida, es decir, el testimonio grabado, hasta los 14 años del menor afectado, para evitar su revictimización.
Igualmente, se amplía de 6 a 12 meses el plazo para el cese de tutela de la administración sobre los menores en situación de desamparo que hayan abandonado voluntariamente el centro de protección y se encuentren en paradero desconocido.
Entre las novedades que ya introducía el texto presentado por el Gobierno en junio de 2020, y que fue bautizado por el exvicepresidente Pablo Iglesias como ‘Ley Rhodes’ –por el pianista del mismo apellido, que sufrió abusos en su infancia–, destaca la privación de la patria potestad para condenados por homicidio o maltrato.
Igualmente, la ley incorpora el deber de todos los ciudadanos de comunicar cualquier indicio de violencia sobre menores; crea una nueva figura, la del ‘coordinador de bienestar y protección’ que deberá estar en todos los colegios; establece la obligación para los centros de menores tutelados de fijar para prevenir los casos de abusos, y aborda el problema del bullying, así como la violencia contra colectivos vulnerables y aquella cometida a través de Internet.
Durante el debate de la ley este jueves en el Pleno del Congreso, los grupos que se han abstenido, EH Bildu y PDeCAT han anunciado que lo hacían con un «sentimiento amargo» debido a que consideran que en la norma hay «una invasión competencial», tal y como han precisado por parte de ambos grupos la diputada Mertxe Aizpurua y el diputado Sergi Miquel i Valentí, respectivamente.
Por este mismo motivo y con «harto dolor de corazón» anunciaba su voto en contra el diputado del PNV, Íñigo Barandiarán, que en todo caso ha apoyado las «medidas positivas» que aporta la ley, las cuales esperan poder «replicar» en el Parlamento Vasco.
También ha mostrado su rechazo a la invasión de competencias el diputado del BNG Néstor Rego pero su grupo ha votado a favor porque apoyan la mayor parte del contenido del texto, como el derecho del menor a ser escuchado, algo que han destacado prácticamente todos los grupos parlamentarios. Por su parte, ERC ha dado un sí pero crítico, según han precisado fuentes del grupo parlamentario.
Entre los que no han apoyado la ley también destaca Vox, cuya diputada Sara López que ha criticado el texto calificándolo de «antifamilia». «Con esta ley quieren manchar a base de ideología, amenazando a la familia que es el santuario de la vida valores», ha subrayado.
En el lado opuesto, varios diputados han coincidido en que esta ley marca «un antes y un después» en la protección a la infancia. Así lo ha dicho la diputada del PSOE Sonia Guerra, quien ha destacado también la «perspectiva feminista» de la ley; y la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz quien ha lamentado, en todo caso, que finalmente no se hayan incluido sus enmiendas para prohibir la entrada de niños en los toros y para que, en caso de desahucio con menores el juez deba hacer un juicio de proporcionalidad.
También ha celebrado el «avance» que supone esta ley la diputada de Ciudadanos Sara Giménez que, en todo caso, ha apuntado algunos temas «pendientes» como que la ley nazca con una «garantía presupuestaria» para que «no quede en papel mojado». Entre las mejoras introducidas, ha destacado que la ley pone un «parapeto» a «situaciones de violencia en centros de menores tutelados como las se han visto en Baleares», las cuales ha pedido que se investiguen.
Igualmente ha mostrado preocupación por este caso de violencia a niños tutelados la diputada del PP Alicia García quien en todo caso, ha apoyado la ley que, aunque «llega tarde», introduce actuaciones «contundentes».
