La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este martes en el Senado que la primera fase de inspecciones laborales sobre las trabajadoras del hogar han hecho «aflorar» hasta «30.000 irregularidades», lo que se ha traducido en seis millones de euros en nóminas y cinco millones y medio en cotizaciones sociales.
En su intervención en el Pleno de la Cámara alta, Díaz ha señalado la «preocupación máxima» de su departamento, y del Gobierno en general, ante la situación del colectivo de las trabajadoras del hogar y, en este sentido, ha indicado que está en «trámite de ratificación» del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que recoge los derechos laborales de este colectivo.
En concreto, ha indicado están en proceso de «compilación de informes» sobre la materia y, según ha indicado, dará «cumplida cuenta de como avanza la ratificación» a medida que pase el tiempo. Tras la labor de su departamento, ha indicado, el proceso pasará al ministerio competente, que es el de Exteriores.
La titular de Trabajo ha respondido así a la pregunta parlamentaria formulada por la senadora de ERC, Ana María Surra, quien ha reprochado al Ejecutivo que esté tardando en ratificar el convenio de la OIT.
TRABAJADORAS EN «SEMIESCLAVITUD» EN EL S.XXI
Surra ha señalado que, en 2016, Unidas Podemos llevó al Congreso una iniciativa reclamando esta ratificación y en 2018 lo hizo el PSOE en similares términos. En ambos casos, ha indicado la senadora, se aprobó, con la única abstención del PP. A su juicio, no es de recibido que, ahora, «gobernando los dos partidos que habían propuesto esta ratificación» no se haya hecho «nada».
La representante del partido independentista lamenta que España mantenga a las trabajadoras del hogar en situación de «semiesclavitud» en «pleno siglo XXI». Según ha declarado, se trata de las «vulnerables entre las vulnerables», destacando, además, que el 90% del colectivo es mujer y que los trabajos del hogar son, «en muchos casos, la única salida laboral para las personas migrantes».
Díaz ha reconocido la situación de «vulnerabilidad» y de «invisibilización» de un sector que, ha destacado, es «esencial» en la sociedad y ha insistido en que el Gobierno «está comprometido» con estas trabajadoras.
