El subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno, ha asegurado este martes en una comparecencia parlamentaria que no hay «ni aceleramiento ni retraso» en la tramitación de los indultos solicitados para los condenados por el ‘procès’, afirmando que todas las peticiones que llegan al Ministerio se gestionan con «la máxima celeridad posible», frente a las críticas que ha recibido tanto de Junts como de PP y Vox por el «ritmo» que llevan los casos de los independentistas catalanes.
Bueno ha contestado así a las preguntas que le han lanzado los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para presentar el informe sobre los indultos solicitados, concedidos y denegados durante el segundo semestre de 2020 y, en concreto, al reproche que le ha hecho el representante de Vox Luis Ruiz Navarro por la decisión del Ministerio de Justicia de reanudar la tramitación de los indultos en marzo del año pasado, en plena pandemia.
«Sigo insistiendo en que el interés general exige la continuidad de la tramitación y no hay ningún otro tipo de motivación en ello, ni aceleramiento ni retraso ni suspensión intencionados. Todos los expedientes se tramitan con la máxima celeridad posible teniendo en cuenta el marco de las complejidades», ha declarado Bueno.
De esta forma, ha señalado «falta de realidad tanto de un punto de vista como del otro», en alusión a las palabras del diputado de Junts Josep Pagès y de Vox, que le venían a imputar respectivamente –según ha descrito él mismo– «algún tipo de retraso en la tramitación y, por otro lado, el levantamiento de la suspensión con el intento de acelerarlo» en relación con los indultos del ‘procès’.
Desde el PP, Miguel Ángel Jerez ha expresado la preocupación de su grupo parlamentario por «el ritmo con el que se está tramitando este expediente», que ha calificado de «extremadamente lento». «Nos da la sensación de que alguien está contemporizando (…) y esto puede obedecer a un determinado tacticismo político. Alguien está esperando el momento procesalmente oportuno para que se den determinadas circunstancias y se resuelva en un sentido u otro», ha planteado.
Interrogado sobre cuál será ese sentido, Bueno ha contestado que no puede adelantarlo, argumentando que no le corresponde y que sería además una «irresponsabilidad», si bien ha subrayado –también ante los cuestionamientos de Vox– que la concesión de indultos atiende a «criterios legales», no «morales». En estos momentos, ha recordado, la tramitación continúa en el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo.
LA MAYORÍA SE DIERON CON INFORMES DESFAVORABLES
En cuanto a los datos de indultos referidos al segundo semestre de 2020, Bueno ha informado de que en ese periodo se concedieron 18 indultos de los 1.664 expedientes resueltos en esos seis meses, lo que supone el 1,08 por ciento de los mismos.
De los 18 concedidos, ha detallado que todos fueron parciales, cinco se concedieron a mujeres y 13 a hombres y, sobre el tipo de ilícito, diez se referían a delitos contra el patrimonio; tres a delitos contra el medio ambiente y la ordenación territorial; otros tres a delitos contra la intimidad; uno a un delito contra la salud pública; y otro a un delito de falsedades.
Solo siete de los 18 indultos concedidos contaban con informes favorables tanto del tribunal sentenciador como del Ministerio Fiscal. De los once restantes, diez tenían el visto bueno del órgano judicial pero no el de Fiscalía, y el otro contaba solo con el ‘placet’ del Ministerio Público.
Por otro lado, de los 1.646 indultos denegados en dicho semestre, el 87 por ciento tenían informes desfavorables de tribunal y Fiscalía; el dos por ciento solo del sentenciador; el ocho por ciento solo del Ministerio Público; y únicamente el tres por ciento tenían a su favor a ambos.
