La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha denunciado este lunes el «colapso» de los Tribunales Económico Administrativos (TEAs) desde hace casi una década, lo que produce «graves distorsiones» en el funcionamiento de estos órganos y supone el peligro de prescripción de varios miles de expedientes.
En un comunicado, los inspectores indican que el éxito de estos tribunales consiste en la rapidez en resolver reclamaciones, pero los problemas estructurales que arrastran provocan una «demora intolerable» de las resoluciones, y un enorme problema recaudatorio y financiero.
Por ello, la asociación de inspectores exige a las autoridades tributarias una intervención «decidida y soluciones definitivas» con carácter «inmediato» en los TEAs, órganos adscritos al Ministerio de Hacienda, pero totalmente ajenos a la Agencia Tributaria.
En el análisis de número de reclamaciones presentadas y resueltas, y de acuerdo con los datos contenidos en las memorias elaboradas por el Ministerio de Hacienda, entre los años 2010 a 2016 se presentaron 1.451.054 reclamaciones, siendo resueltas en el mismo período tan solo 1.295.992, según destacan los inspectores.
De esta forma, en 7 años se acumularon 155.062 reclamaciones que no fueron resueltas (algo más del 10%). A partir de 2017, en cambio, se empiezan a resolver más reclamaciones de las que se presentan, 20.000 más por año, lo que quiere decir que, de seguir este ritmo de resolución, hasta el 2024 habrá que afrontar «demoras intolerables» para que los contribuyentes obtengan su resolución, lo que implica un enorme problema recaudatorio y financiero para Hacienda ante la magnitud monetaria de muchas de las reclamaciones pendientes.
Esta alarmante situación, denuncian los inspectores, alcanzó su punto «más grave» el 28 de febrero de 2017, fecha en la que el anterior Ejecutivo, en una respuesta parlamentaria, reconoció que los TEAs arrastraban 318.629 reclamaciones pendientes, que eran una parte de los 42.365 millones de euros pendientes de cobro por la Agencia Tributaria a 31 de diciembre de 2017.
Pese a esta situación de «incapacidad» de resolver las reclamaciones que se presentan año a año, los inspectores aseguran que el número de funcionarios que trabajan en los Tribunales Económico Administrativos ha permanecido prácticamente invariable en el periodo 2010 a 2018: 234 técnicos de Hacienda y 150 inspectores de Hacienda.
En los últimos años, como medida de refuerzo, la Agencia Tributaria «presta» a los TEA temporalmente a inspectores de Hacienda que acaban de aprobar la oposición. Para los inspectores, el balance de la llegada de este personal es «positivo» pues son unas de las razones del porqué se resuelven más reclamaciones que las que entran.
Pero el hecho de que dichos inspectores, al término de su adscripción provisional, abandonen mayoritariamente los TEAs provoca una situación de «interinidad» en la plantilla de los tribunales que hace que esta solución no sea apropiada a largo plazo.
Asimismo, denuncian la «exasperante demora» en la resolución de los conflictos, lo que no solo afecta «gravemente» a la tutela judicial efectiva, sino también al paralelo problema recaudatorio causado al erario, tanto por la paralización de grandes cantidades de deuda sin ejecutar, como por el riesgo de prescripción de la deuda por no ser resuelta la reclamación en el plazo de 4 años.
Ante este problema, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado pide cambios urgentes a través de un documento que ha trasladado a las autoridades tributarias. Entre ellos, pide crear un ente autónomo para los Tribunales Económico Administrativos, dotado de su propia asignación presupuestaria y de sus correspondientes recursos humanos, con «inamovilidad e independencia».
En segundo lugar, la asociación cree que todos los inspectores de Hacienda deberían estar adscritos a la Agencia Tributaria, según establece su ley de creación en lugar de la actual «bicefalia».
Finalmente, para reforzar más la independencia de los TEAs, ven «imprescindible» la supresión o modificación del recurso extraordinario para la unificación de doctrina, sobre el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha dicho que es incompatible con la independencia de un tribunal objetivo, pues en estos recursos contra los actos de la AEAT forman parte de su tribunal resolutorio altos cargos de la AEAT. «Ser juez y parte no es compatible con la deseada independencia de los TEAs», subrayan.
