El 75% de los arrendadores aceptaría medidas intervencionistas de los alquileres si, a cambio, se agilizasen «notablemente» los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible, según se desprende del estudio ‘¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?’ realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).
De hecho, según el 78% de los encuestados, agilizar el plazo de los desahucios por impagos de renta contribuiría a bajar el precio de los alquileres.
En esta línea, el 70% de los encuestados señala que estaría dispuesto a apoyar estas medidas si pudiera consultar los antecedentes de morosidad en bases oficiales o si se pudieran aumentar las garantías que se exigen a los inquilinos.
De su lado, el 67% de los entrevistados indica que aceptaría medidas intervencionistas a cambio de una mejora en la fiscalidad de los arrendadores.
Sobre las eventuales medidas del Estado para bajar el precio de los alquileres, el 36% ve atacada la libertad de decisión sobre su vivienda y un 32% ha opinado que su poder adquisitivo disminuiría. Por el contrario, el 32% apunta que estas medidas son necesarias para que haya un mayor acceso a la vivienda de alquiler o para evitar la especulación (36%).
El 66% de los propietarios estaría de acuerdo en apoyar la congelación de rentas durante cinco años siempre que pueda recuperar la posesión de su vivienda en un plazo de dos meses cuando exista impago de rentas.
UN 42% ADMITE QUE INTERVENIR EL MERCADO BAJARÁ LOS ALQUILERES
A pesar de que gran parte de los propietarios estaría dispuesto a apoyar la congelación de rentas si se pudieran exigir más garantías a los inquilinos o consultar los antecedentes de impago, un 42% admite que la intervención del Estado a través de la congelación de rentas durante cinco años haría bajar el precio de los alquileres.
Por otro lado, más de la mitad de los españoles considera que el intervencionismo del Estado en los alquileres privados frenaría el aumento de la oferta de viviendas de alquiler.
Sobre el decreto que permite suspender el procedimiento de desahucio durante el estado de alarma, el 68% de los propietarios piensa que produce una «gran inseguridad» a los inversores y que es «visto como un ataque a la propiedad privada y una incentivación a la ocupación», según el 65% de los encuestados.
Más del 60% considera que medidas como esta aumentan la inseguridad jurídica que está provocando el intervencionismo en materia de alquiler y la mayoría piensa que el decreto facilita la usurpación de bienes inmuebles.
Sobre la legislación actual, la mayoría de los propietarios coincide en que medidas como exigir a los inquilinos garantías y avales por dos meses de renta o actualizar anualmente con el IPC son «insuficientes» (62% y 57%, respectivamente).
Además, el 80% de los propietarios demanda una incentivación fiscal del Estado hacia los propietarios para generar mayor número de viviendas en esta modalidad.
La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha afirmado que los pequeños propietarios son los que tienen la mayoría de la vivienda en alquiler el país y que, gracias a ellos, se ha podido crear un amplio parque de vivienda privada «que contribuye y posibilita el acceso a la vivienda».
Por ello, Matos ha apuntado que la Administración «debe contribuir a la creación de un clima que genere confianza y fomente la estabilidad para favorecer a arrendadores e inquilinos de manera equitativa».
Por su parte, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), José Ramón Zurdo, ha señalado que la Ley de Vivienda que está preparando el Gobierno, «si quiere ser justa y equitativa, tiene que incorporar necesariamente las opiniones de los propietarios particulares recogidas en este amplio estudio».
