La nueva Ley de Cambio Climático aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados prevé una obligación a las empresas para que calculen y hagan pública su huella de carbono, y trabajen en planes para reducir sus emisiones de gases invernadero.
Así consta en una de las enmiendas pactada por el PSOE y Unidas Podemos a partir de una propuesta con Más País-Equo, y que ha sido finalmente incluida durante su debate y votación en la Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
La ley ha sido aprobada este jueves en el Congreso, y enviada al Senado para completar su tramitación, con el voto a favor del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicama, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu y Teruel Existe. Vox ha votado en contra y el PP y Más País-Equo se han abstenido.
CALVIÑO DEBERÁ DEFINIR QUÉ EMPRESAS ESTÁN OBLIGADAS
Concretamente, la enmienda mandata al Gobierno, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a fijar en el plazo de un año qué empresas con actividad en España están obligadas a calcular y publicar su huella de carbono, a partir de qué indicadores y su periodicidad.
A partir de ello, estas empresas deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que contenga un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de cinco años, junto con medidas para su consecución. La empresa podrá compensar de manera voluntaria su huella de carbono.
Estas obligaciones, concluye esta enmienda, se especificarán reglamentariamente a través de la modificación del Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.
SE MODULA EL IMPACTO DE LA NUEVA FISCALIDAD ‘VERDE’
Por otro lado, los grupos del Gobierno han aceptado incluir una enmienda acordada con varios grupos –PP, ERC y Cs, entre otros– que pone fecha a la constitución del grupo de expertos para analizar la reforma fiscal, con fiscalidad ‘verde’ incluida.
Sin embargo, esta disposición concluye que «las modificaciones que se introduzcan en este ámbito irán acompasadas con la situación económica». Asimismo, se pone un plazo de seis meses desde la aprobación de la ley para poner en marcha esta evaluación de la reforma fiscal por parte del Gobierno.
