Los ministros de Finanzas y banqueros centrales de los países del G20, reunidos este miércoles en una cumbre virtual, han respaldado la propuesta preliminar el Fondo Monetario Internacional (FMI) de expandir sus recursos mediante la asignación de 650.000 millones de dólares (546.000 millones de euros) en derechos especiales de giro (DEG), el activo de reserva de la institución.
«Instamos al FMI a presentar una propuesta completa por una nueva asignación general de 650.000 millones de dólares en derechos especiales de giro para cumplir con las necesidades globales a largo plazo de complementar los activos de reserva», ha concluido el Grupo de los Veinte en un comunicado posterior a la reunión.
Esta nueva asignación serviría para «mejorar» la liquidez global y ayudaría con la recuperación económica a nivel mundial. Además, el G20 ha pedido a la institución con sede en Washington que explore opciones para que los miembros del FMI decidan ceder su asignación de recursos adicional de forma voluntaria a los países más vulnerables.
La ampliación de derechos especiales de giro fue planteada por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en marzo, aunque no será hasta junio cuando el Fondo presente formalmente la propuesta a sus miembros. No obstante, en las últimas semanas, ya ha recibido el visto bueno de ministros y presidentes de varios países, incluyendo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, o la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.
La cumbre de ministros y banqueros centrales de este miércoles también ha acordado una segunda y última extensión durante otros seis meses de la suspensión temporal de los pagos del servicio de deuda de aquellos países pobres que lo soliciten, en línea con los términos también acordados por el Club de París.
En abril, el Grupo de los Veinte acordó suspender los pagos de deuda bilateral hasta finales de 2020, mientras que en octubre se decidió extender la suspensión hasta mediados de 2021. Este nuevo aplazamiento supone que la suspensión finalizará en diciembre de 2021.
El club de países ha acordado esta nueva ampliación de la Iniciativa de Suspensión del Servicio de Deuda (DSSI, por sus siglas en inglés) «a la luz de la persistencia de necesidades de liquidez significativas relacionadas con el Covid-19». Como en otras ocasiones, el G20 ha instado a los acreedores privados a sumarse también a esta iniciativa y a suspender los pagos de deuda.
El Grupo ha explicado que los países pobres necesitarán 200.000 millones de dólares (167.956 millones de euros) hasta 2025 en su respuesta contra la pandemia, así como otros 250.000 millones (209.945 millones de euros) para acelerar su convergencia hacia las economías avanzadas. Así, el G20 se ha comprometido a «desplegar todas las herramientas» para ayudar a dichos países a cerrar esa brecha de financiación.
PERSPECTIVAS GLOBALES
Los participantes del encuentro han explicado que las perspectivas globales han mejorado en los últimos meses debido al despliegue de las campañas de vacunación y al continuo apoyo de los poderes públicos. Sin embargo, la recuperación «parece desigual entre y dentro de los países, frágil y sujeta a elevados riesgos a la baja», ha alertado el Grupo.
Ante este panorama, los países se han comprometido a permanecer «vigilantes» y a evitar cualquier retirada prematura de las medidas de apoyo. Además, han reafirmado su intención de usar «todas las herramientas políticas» a su disposición para proteger las vidas, los trabajos y los ingresos de los ciudadanos.
En lo que respecta a los impuestos, el G20 únicamente ha mencionado que mantiene el compromiso de alcanzar una solución global y de consenso sobre fiscalidad mínima de empresas y de gigantes digitales en el marco de las conversaciones organizadas por la OCDE. El objetivo es alcanzar un acuerdo para mediados de 2021.
