Más de 7.000 personas contratadas por el Servicio Exterior de España celebrarán elecciones sindicales para poder elegir por primera vez representación sindical tras el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación de la Administración General del Estado con los sindicatos de la Función Pública.
Según ha informado CSIF en un comunicado, el acuerdo contempla la celebración de elecciones en una circunscripción única que agruparía a todos los países del mundo donde se encuentra España representada a través de su Servicio Exterior.
Se trata de un colectivo, contratado en los países de origen, gran parte con un perfil profesional altamente cualificado (licenciados, con dominio de varios idiomas), que trabajan como traductores y asesores técnicos, si bien su contrato responde al de un auxiliar administrativo; así como personal subalterno en labores de mantenimiento y servicios.
El Servicio Exterior de España abarca misiones diplomáticas, embajadas, consulados, cancillerías, oficinas económicas, centros de cooperación técnica, formación y culturales, entre otros.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDIÓ MEJORAR SUS CONDICIONES
El pasado diciembre, el Defensor del Pueblo admitió a trámite en 2020 una queja de CSIF e instó al Gobierno a regular la situación de este colectivo, el único de la Administración sin representación sindical electa y sin actualización de sus condiciones salariales desde 2009
Esta denuncia, explican desde la central sindical, respondía a las quejas y a la preocupación manifestada desde estos centros, para los que reclaman amparo de la Administración ante el incremento de los productos básicos y los servicios en estos países, como la sanidad, la educación, o la vivienda.
Este colectivo, apostillan, lleva arrastrando pérdida de poder adquisitivo desde 2009 y su regulación laboral, inciden «se encuentra desfasada y es ambigua, afectando a sus condiciones laborales, la prevención de riesgos laborales o la citada actualización salarial».
«Estas personas, a menudo se encuentran en muchas ocasiones ‘en tierra de nadie’ desde el punto de vista de la regulación sindical y la protección de derechos básicos (educación, sanidad, vivienda) en países con realidades sociales y económicas muy complicadas», concluyen.
