Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) disminuyeron en 2020 un 17,9 por ciento respecto al año anterior, lo que las sitúa un 11 por ciento respecto al año 1990 y un 42 por ciento por debajo de las de 2005, según datos del Observatorio de Sostenibilidad.
La caída de las emisiones contabilizada en 2020 por el estudio del observatorio ‘Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero 1990-20200 se convierte en la mayor disminución registrada en un año, tal y como ocurrió con el Producto Interior Bruto (PIB), el empleo o el aumento de la deuda pública.
El economista y director del Observatorio de Cambio Climático, José Santamarta, ha señalado que después de una disminución en 2018, 2019 y 2020, las emisiones alcanzaron una disminución respecto del año base de 1990 de un 11 por ciento y de un 42 por ciento respecto a 2005.
«La crisis desatada por el coronavirus supuso el mayor desplome de las emisiones, lo mismo que sucedió con el PIB, el empleo o el aumento de la deuda pública, por poner algunos ejemplos», ha señalado.
En concreto, ha indicado que las emisiones del año base, 1990, fueron 290 millones de toneladas de CO2 equivalente, frente a las 442 millones de tonelada en 2005, mientras que las emisiones de 2020 fueron de 258 millones de toneladas de CO2 equivalente, según los datos preliminares de este año. En 2019, las emisiones de CO2 equivalente alcanzaron los 314,5 millones de toneladas.
Por otro lado, las emisiones sujetas al Comercio Europeo de Emisiones (ETS, en sus siglas en inglés) supusieron un 36,4 por ciento del total. Por su parte, los sectores difusos representaron un 61 por ciento de las emisiones totales, según los datos preliminares.
En este sentido, el informe concluye también que la quema de carbón para la generación eléctrica disminuyó un 55 por ciento, tanto en porcentaje como en GWh y la reducción del consumo del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 25 por ciento.
Por otro lado, la producción hidráulica aumentó un 23 por ciento, la eólica creció un 1,8 y la fotovoltaica un 68 por ciento. Sólo la eólica evitó la emisión en 2020 de 29 millones de toneladas de CO2 equivalente.
Igual que el carbón, en 2020 también disminuyó el consumo de petróleo, en concreto un 18,5 por ciento, del que el 17,5 por ciento se debió al transporte por carretera respecto al año anterior. En cuanto al gas natural, el descenso fue «espectacular», según el informe, que precisa que cayó un 9,8 por ciento a consecuencia del 20,3 por ciento del gas natural que se destinó a generación eléctrica para sustituir al carbón.
El estudio del Observatorio de la Sostenibilidad añade también que mientras el PIB aumentó un 57 por ciento desde 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeron un 11 por ciento en ese mismo periodo y los factores determinantes fueron el carbón y el precio del CO2.
El precio del CO2 se incrementó un 423 por ciento entre 2017 y 2020 y, al mismo tiempo la producción de energías renovables (en concreto eólica y fotovoltaica) alcanzó su máximo de producción de energía sin emisiones
Para el investigador del Observatorio de la Sostenibilidad Fernando Prieto estos datos «permiten aumentar la ambición de los objetivos de reducción de la nueva ley de cambio climático para una economía descarbonizada, más sostenible y más competitiva.
Asimismo, considera que debe aprovecharse la «magnífica oportunidad» de los fondos Next Generation para permitir una recuperación verde baja en carbono y que «reparta el dinero entre las PYMES, los autónomos y la población en proyectos, por ejemplo, como 1 millón de tejados solares».
A su juicio, también deberán revisarse los procesos de decisión para lograr una descarbonización estructural y no coyuntural por la pandemia, tanto en el sector eléctrico y del gas, (precios elevados, recuperación de centrales hidroeléctricas, reserva de energía, etc..) como en el transporte de mercancías por carretera, para lograr esta descarbonización.
Finalmente, ha añadido que la en tejados de pequeñas instalaciones y naves industriales «debe ser potenciada» y permitir el balance neto para evitar el impacto de las grandes instalaciones sobre el territorio.
