El Producto Interior Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe sufrió una contracción histórica del 7,4% en 2020, como consecuencia de los efectos de la pandemia de Covid-19 en la movilidad y en el normal desarrollo de la actividad productiva, lo que supone el peor dato registrado desde 1821, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En su último análisis, el organismo multilateral proyectó un crecimiento de entre un 0,8% y un 4,1% en 2021, insuficiente para cubrir el retroceso experimentado en el año anterior. En esta tesitura, la institución considera que los países de la región necesitan implementar de manera urgente reformas fiscales para una recuperación sostenible.
«Para alcanzar un mayor ritmo de crecimiento, la región necesita implementar una serie de reformas que mejoren la productividad, ayuden a conectar a las empresas a las cadenas globales de valor y promuevan la economía digital y la creación de empleo en forma inclusiva, sostenible y resiliente», destacó el organismo presidido por Mauricio Claver-Carone en su informe macroeconómico anual.
El escenario base del estudio asume que las campañas de vacunación avanzarán según lo planeado, que las economías se mantendrán abiertas y que la economía global se recupera de una manera vigorosa. No obstante, también se baraja la posibilidad de un escenario más pesimista, con un menor crecimiento de la economía global y potenciales ‘shocks’ financieros, lo que produciría una desaceleración en el crecimiento latinoamericano hasta un 0,8% en 2021 y una caída del 1,1% en 2022.
En un escenario más optimista, el organismo vislumbra la posibilidad de un crecimiento del 5,2% en 2021 y del 3,9% y el 2,9% en los dos próximos años, respectivamente.
El economista jefe del BID, Eric Parrado, explicó que el continente latinoamericano tiene por delante un sendero «estrecho, pero claramente definido», para salir reforzada de los impactos sociales y pandémicos de los últimos años, que han dejado a las economías latinoamericanos con altas tasas de desempleo, unos sistemas de salud al límite de sus posibilidades y unas mayores brechas de desigualdad.
«Los sistemas fiscales saludables pueden ayudarnos a liberar nuestro potencial, apalancando la reasignación de recursos en todos los sectores y así impulsar el crecimiento de la productividad, promover el empleo formal, y lograr un futuro más verde que desafíe la falsa dicotomía entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental», apostilló Parrado.
Durante la pandemia, el despliegue de recursos fue desigual entre los países de la región. Así, aunque en promedio los Gobiernos gastaron el 8,5% del PIB en apoyo fiscal (más de 400.000 millones de euros), la movilización de recursos se concentró en los grandes paquetes de estímulos diseñados por unos pocos países, mientras que dos tercios de países implementaron apoyos que se situaron en torno al 3% del PIB o menos.
Según el BID, estas cifras «reflejan la existencia de espacio fiscal disponible», aunque estén muy alejadas de los paquetes fiscales de las economías avanzadas, que alcanzaron un promedio del 19% del PIB.
En cuanto a la deuda, los impactos negativos sobre los ingresos y los mayores gastos elevaron el déficit fiscal hasta el 8,3% del PIB, frente al 3% del 2019, y la deuda pública se incrementó en 14 puntos porcentuales, hasta el 72% del PIB, un nivel que, lejos de ralentizarse, se incrementará hasta el 76% en 2023.
Sin embargo, el BID considera que una fuerte recuperación acompañada de reformas estabilizaría la deuda en un 72% y, posteriormente, descendería.
La institución recomienda un mejor direccionamiento de los programas de transferencias sociales, acercando los salarios públicos con los del sector privado, y optimizando las compras gubernamentales, entre otras medidas. Los países con baja recaudación tributaria deberían buscar aumentar sus ingresos sin poner en juego la recuperación, invirtiendo en proyectos que puedan tener un fuerte impacto social y económico, particularmente en el sector de infraestructuras.
DESTRUCCIÓN DE EMPLEO
El impacto de la pandemia no solo se observa en los datos del PIB, ya que, entre enero y octubre, la contingencia sanitaria borró de 26 millones de trabajos en 12 países, una cifra que cayó hasta los 15 millones de empleos en febrero de 2021.
Debido a ese shock, las proyecciones indican que la extrema pobreza aumentará desde el 12,1% al 14,6%, en tanto que la pobreza moderada se elevaría desde el 11,7% al 14,6%.
«Solo una fuerte recuperación podría generar una caída significativa de estas tasas», advierte el BID.
Para afrontar esta crisis en el empleo, el organismo aconseja el aprovechamiento de las cadenas de valor regionales y globales, ya que un enfoque de integración regional podría reestructurar los acuerdos comerciales y dar impulso a las cadenas de valor regionales.
