La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comparecerá este lunes en el Congreso, en plenas negociaciones de su departamento con sindicatos y patronal para el desmontaje de la reforma laboral de 2012, y por primera vez tras ser señalada por el vicepresidente Pablo Iglesias a sucederle en el liderazgo de Unidas Podemos.
Díaz acudirá a la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja para comparecer a partir de las 10 horas, y lo hará a petición propia.
En todo caso, Díaz mantiene cerca de veinte solicitudes de comparecencia, prácticamente todas por parte del PP y Vox, para que la ministra rindiera cuentas acerca de medidas aprobadas, problemas en la tramitación de prestaciones, el ataque informático sufrido por el SEPE o discrepancias con su colega el Ministerio de Inclusión, José Luis Escrivá, acerca de la futura reforma de pensiones.
TODAVÍA MINISTRA, FUTURA VICEPRESIDENTA
Será la primera vez que Díaz comparezca como más que probable sucesora de Pablo Iglesias en el Gobierno y en la coalición confederal. Y es que el secretario general de Podemos, al postularse como candidatao a disputar la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas, propuso a la ministra gallega como nueva vicepresidenta del Gobierno y como la señaló para sucederle al frente de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales.
Pese a no haberse oficializados estos cambios, el presidente Pedro Sánchez recibió positivamente el ‘ascenso’ de Yolanda Díaz con la marcha de Iglesias del Ejecutivo, si bien planteó que, en caso de querer conservar la cartera de Trabajo, debía ocupar un rango inferior a la actual vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, por su prevalencia en el área económica del Gobierno.
ACORDADA LA LEY ‘RIDER’ SE ESPERA LA ‘CONTRARREFORMA’ LABORAL
En lo que respecta a sus competencias al frente de Trabajo, Díaz acudirá al Congreso tras sumar un nuevo acuerdo con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT para regular la situación laboral de los repartidores a través de plataformas digitales, los conocidos como ‘riders’.
En este acuerdo se reconoce la presunción de laboralidad de estos trabajadores, en línea con la sentencia dictada en septiembre de 2020 por el Tribunal Supremo y se contempla que la representación de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas.
El siguiente paso pasa por la reforma del Estatuto de los Trabajadores, con la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, que ya ha tenido esta semana una primera toma de contacto, y para la que Trabajo ha acordado un calendario de reuniones de carácter semanal.
SIMPLIFICAR LOS CONTRATOS Y GENERALIZAR EL INDEFINIDO
Algunas de las materias que formarán parte de esta mesa, como la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ‘ultraactividad’ y la subcontratación, son ‘viejas conocidas’, pues los agentes sociales las estuvieron negociando con el Gobierno socialista en la anterior legislatura. Ahora, en esta nueva mesa, se retomarán las conversaciones sobre dichos asuntos, pero se añadirán otras muchas para dar cumplimiento a los compromisos que el Gobierno español asumió en las fichas remitidas a Bruselas.
En las propuestas enviadas a Bruselas, el Gobierno plantea generalizar el contrato indefinido, devolver la causalidad a los contratos temporales y simplificar la contratación, reordenando las modalidades de contratación laboral, así como por introducir mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad.
Al mismo tiempo, el Gobierno aboga por la creación de un modelo permanente de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como «un instrumento de flexibilidad alternativo al ajuste externo del empleo ante perturbaciones negativas», y quiere revisar subvenciones y bonificaciones a la contratación temporal. Entre las medidas para conseguirlo, se encuentran la simplificación de los incentivos y requisitos a las empresas beneficiaras para centrarse en la empleabilidad de los desempleados y que vayan para contratos indefinidos.
