El Ministerio de Consumo ha lanzado una consulta pública en la que plantea la posibilidad de fijar un gravamen y exigir una licencia a los operadores que ofrecen las denominadas cajas de botín (‘lootboxes’, en inglés) de los videojuegos.
El pasado mes de noviembre el director general de Ordenación del Juego (DGOJ), Mikel Arana, anunció en el Parlamento la intención del Ejecutivo de revisar la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego y la «modificación de aquellos aspectos de la ley susceptibles de mejora normativa, incluyendo aquí también las Lootboxes o cajas botín como juego de azar».
Las ‘lootboxes’ son ‘ítems’ de recompensa que los jugadores reciben a través de micropagos y que recompensan a los jugadores con nuevos recursos, zonas, tesoros, habilidades, personajes o variantes estéticas de manera aleatoria, sin que el jugador sepa previamente qué va a recibir.
En el texto de la consulta pública, el departamento de Alberto Garzón pregunta si las entidades que oferten cajas botín deberían obtener una licencia general específica, distinta a las actualmente existentes, o si sería «más conveniente» que estuviesen dentro de las licencias generales de ‘otros juegos’.
En este sentido, Consumo quiere conocer la opinión de los actores sobre cuál sería la entidad que tendría que obtener las licencias generales para ofertar las cajas botín (la propietaria del videojuego o también las entidades terceras que, autorizadas por la entidad propietaria, comercialicen esta clase de productos).
En el documento, al se pueden presentar comentarios y observaciones hasta el 31 de marzo de 2021, cuestiona sobre si la futura regulación sobre las cajas botín debería hacerse en el marco de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego o si debería diseñarse una regulación específica diferenciada de la de los juegos de azar y de apuestas.
Así, el Ministerio plantea si los controles de verificación de la identidad del usuario deberían ser los mismos que los establecidos actualmente para los operadores de juego de ámbito estatal; y cuál sería la base imponible y el tipo tributario óptimo más adecuado para esta modalidad de juego.
Del mismo modo, cuestiona si deberían fomentarse desde los poderes públicos los mecanismos de autorregulación de la industria del videojuego en relación con los mecanismos aleatorios de recompensa.
«La evidente conexión de algunos mecanismos aleatorios de recompensa con los juegos de azar trae consigo, también, las consecuencias negativas asociadas de forma tradicional con estos últimos, que afectan, en particular, a determinados colectivos vulnerables, señaladamente menores de edad y personas que exhiben comportamientos de juego de riesgo o, en su caso un trastorno asociado a su conducta de juego», explica Consumo.
En concreto, argumenta que un reciente estudio de la Gambling Comission del Reino Unido sobre menores de edad y juegos de azar señaló que un 52% de los menores entre los 11 y los 16 años habían oído hablar de objetos virtuales en videojuegos; de ese porcentaje, un 44% habían llegado a formalizar transacciones económicas para su compra a través de los mecanismos de monetización existentes en el mercado de los videojuegos (entre otros la compra de cajas botín) y un 6% había realizado alguna apuesta con ‘skins’ del videojuego.
Además, Consumo sostiene que se ha demostrado que la presencia de cajas botín en videojuegos con una calificación inferior a 18 años es «constante» y concreta que un análisis prospectivo de un total de 54 juegos en móviles trajo como resultado que 51 de ellos estaban calificados para mayores de 12 años, y 31 para niños de 7 años.
«Por otro lado, existe una reciente y consolidada doctrina científica que ha tratado la relación de las cajas botín con el surgimiento de conductas relacionadas con el juego problemático o patológico», subraya el Ministerio.
Ante estos servicios, FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a Consumo que se regulen las cajas de botín de los videojuegos para prohibir el acceso de los menores de edad y establecer sanciones contra las empresas del sector que favorezcan el acceso de este sector de población a las cajas.
FACUA ha solicitado que se «luche contra el aumento de la ludopatía entre los jóvenes» a través de la prohibición de su acceso, «al igual que se les impide el acceso a casas de apuestas o juegos de azar», y el establecimiento de medidas sancionadoras contras las empresas que las mantengan, así como que se aumente la celeridad de las medidas anunciadas por Arana.
La asociación ha denunciado que «muchos videojuegos gratuitos han convertido estas microtransacciones en su principal vía de financiación» y que ello supone que «los menores estén gastando dinero de forma constante sin ningún tipo de límite, control o conocimiento de sus tutores».
