La agencia de calificación crediticia S&P ha asegurado que el paquete de ayudas de 11.000 millones para pymes y autónomos ayudará a algunas empresas a sobrevivir a la pandemia y se contendrán en última instancia las pérdidas crediticias de los bancos.
La agencia ha destacado este jueves el cambio de prioridad del Gobierno, con el nuevo paquete de 11.000 millones de euros para pymes y autónomos, garantizando que se mantengan a flote, en particular aquellas cuyas actividades siguen estando perturbadas por las medidas de confinamiento social.
«Era necesario un nuevo enfoque, entre otras cosas porque contar con un sector empresarial viable y con capacidad de inversión es clave para la recuperación económica», ha resaltado la agencia de calificación en un informe.
Aunque desde la agencia han apuntado que es «demasiado pronto» para saber a cuántas pequeñas y medianas empresas españolas salvarán del colapso, la agencia ha resaltado que se trata de una ayuda bienvenida para muchas compañías que tienen más deuda de la que pueden pagar de forma realista debido a la disminución de sus ingresos.
La mayoría de estas empresas operan en sectores en los que las medidas de restricción social han afectado más a los ingresos, como el caso del turismo, la hostelería o el comercio minorista, como confirmó un reciente estudio del Banco de España.
La parte del paquete de 3.000 millones de euros que el Gobierno ha destinado a ayudar a las empresas a reestructurar sus préstamos existentes garantizados por el Instituto de Crédito Oficial es la parte «menos relevante del paquete». Sin embargo, recibió mucha atención y suscitó un intenso debate en el mercado en las semanas previas al lanzamiento del paquete, debido a la preocupación por los posibles efectos en el sistema bancario.
VOLUMEN DE QUITAS QUE ASUMIRÁ LA BANCA
En su forma final, la agencia de calificación no cree que la reestructuración prevista sea perturbadora para el sector bancario español. La agencia ha señalado que los bancos tendrían que asumir 1.300 millones de euros en quitas en los créditos con aval del ICO, suponiendo que el Gobierno asuma el 70% y los bancos el 30%.
«Esto es perfectamente asequible para ellos gracias a las provisiones que realizaron el año pasado (8.000 millones de euros hasta septiembre de 2020), y al hecho de que es probable que sigan provisionando en 2021», ha señalado la agencia en su informe.
