El aún vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, se ha mostrado «orgulloso» por haber impulsado el Plan de Choque en Dependencia, firmado este jueves con sindicatos y patronales, porque «viene a reparar una injusticia». En concreto, ha destacado que «reforzará la atención a los dependientes y mejorará las condiciones laborales terribles que padecen buena parte de los profesionales, casi todas, mujeres».
«Hace poco más de un año, pocos imaginaban los ministerios donde gobierna Unidas Podemos fueran capaces de llegar a acuerdos entre sindicatos y patronales, eso se ha normalizado. Este acuerdo es una magnífica noticia para toda la sociedad. Este plan viene reparar una injusticia y da la vuelta a una manera de gestionar la crisis que hizo mucho daño a nuestra patria», ha indicado Iglesias este jueves tras la firma del acuerdo.
Según ha subrayado, la ley de dependencia «supuso un hito» y hoy «más de un millón de personas se benefician de las prestaciones» pero ha puntualizado que «su desarrollo partir de 2012 sufrió las consecuencias gravísimas de los recortes de la administración general que dejó de apostar más de 400 millones cada año a financiar estas prestaciones».
Asimismo, ha dicho que «se recortó el número de horas de atención, las cuantías, la compatibilidad entre servicios» y ha indicado que esto tuvo «graves consecuencias en la calidad de la atención y en las listas de espera en las que hay 230.000 personas».
Además, ha destacado que «aquellos recortes trajeron consigo una precarización escandalosa de las condiciones de trabajo de los profesionales del sistema de atención a la dependencia, casi todas, mujeres».
INCREMENTO DE 600 MILLONES DE EUROS
Del Plan de Choque, Iglesias ha puesto de relieve el incremento en 600 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, con el compromiso de aumentos similares en los próximos años 2022 y 2023. «Queremos revertir en un solo presupuesto los recortes», ha enfatizado.
A su juicio, esto es una «demostración clara de cómo pueden reforzarse los servicios públicos» cuando el país se enfrenta «a una crisis sanitaria pero también económica y social por la pandemia de la Covid».
Igualmente, ha puesto de relieve el hecho de haber logrado este plan con los gobiernos autonómicos de distinto signo político lo que, a su parecer, «revela el gran consenso que hay para reforzar lo público y dejar atrás políticas de recortes».
«Desde la vicepresidencia social estamos muy orgullosos de haberlo impulsado. Este consenso es la segunda de las razones por las que este acuerdo es una gran noticia para la sociedad», ha destacado, poniendo en valor las aportaciones «sustanciales» de los interlocutores sociales para mejorar el texto, y el trabajo realizado por el secretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez.
A él y a la que será nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, les ha dado las gracias por su «excelente labor en este año tan duro», y ha asegurado que seguirán trabajando para cumplir los compromisos adquiridos.
Precisamente, Nacho Álvarez ha destacado que ha sido una «negociación costosa» pero que este jueves «el barco llega a buen puerto, con el esfuerzo de todos». «Gracias a las organizaciones sindicales y empresariales por estos meses trabajados no solo para refrendar la propuesta que traíamos sino para cambiarla, aportar modificaciones y mejorarla», ha subrayado, añadiendo que este acuerdo se puede definir como «política con mayúsculas».
TRAS UN AÑO «DESGRACIADO» DE PANDEMIA
También han firmado el Plan de choque CEPYME, CCOO y UGT. Por parte de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), ha rubricado el acuerdo su presidente Gerardo Cuerva quien también se ha mostrado «orgulloso» por esta firma, más aún tras un año de pandemia «tan desgraciado».
«Quizá en los momentos más complicados es donde se ven las carencias más evidentes», ha precisado, al tiempo que agradecido a todos los que están detrás de las pequeñas y medianas empresas donde ha habido «muchos profesionales dándolo todo».
También ha defendido la «colaboración público-privada» y ha mostrado su deseo de que España se parezca a los países del norte donde «se potencia el Estado del Bienestar creyendo en las empresas». «No me gustaría sentirme como ese árbol frutal en el que con una mano recogemos fruta y con la otra lo taladramos», ha matizado.
Por parte de los sindicatos, el secretario general de CCOO, Unai Sordo se ha felicitado por el acuerdo y ha subrayado la necesidad de financiación en un sistema que «ha estado infrafinanciado desde la administración general del Estado».
Sordo ha subrayado algunos compromisos del plan como «la mejora en la calidad del servicio, la reducción drástica de las listas de espera, el establecimiento de derechos subjetivos como la teleasistencia o la apuesta por servicios profesionales de calidad».
Además, otra de las «claves», a su juicio, es «la mejora de las condiciones laborales, de los ratios de personal, garantizar el cumplimiento de los convenios, la capacitación de los profesionales». También ha denunciado el impacto «intenso» que tiene la «feminización de los cuidados» en las carreras profesionales de las mujeres.
En la misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha mostrado su «satisfacción» por la firma del acuerdo «ambicioso y amplio» con cuyo contenido se ven «bastante reflejados» y lo ha puesto como ejemplo frente a la falta de acuerdo con el Ingreso Mínimo Vital.
PRECARIEDAD «INDIGNA» DE LAS TRABAJADORAS
Además de terminar con las listas de espera de la dependencia y mejorar las prestaciones, Álvarez también ha subrayado la importancia de acabar con las «bolsas de precariedad absolutamente indignas» que hay en el sector. «Quiero agradecer a esas mujeres que todo este tiempo, especialmente en la pandemia, han ido a trabajar por 950 euros, aun sabiendo que se iban a contaminar y lo han hecho porque creían en su profesión», ha zanjado.
Asimismo, ha denunciado que durante la pandemia se ha visto que «no hay control público» sobre los servicios privados y ha pedido que «después de esta lección terrible en las residencias, se garantice que aunque se preste un servicio por una empresa privada, ese servicio se dé en condiciones».
