El Gobierno ha anunciado un paquete de 3.600 millones de euros procedente de los fondos europeos para impulsar la transformación del sector del transporte en pro de la descarbonización, digitalización y mejora de la infraestructura, lo que redundará en un estímulo importante para el sector del autobús, uno de los grandes afectados por las restricciones a la movilidad derivadas de la crisis sanitaria.
Así lo ha adelantado el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, durante la presentación de un informe elaborado por KPMG en colaboración con la Confederación Española de Transporte en autobús (Confebús), que aborda los retos, recomendaciones y la hoja de ruta del autobús para los próximos años.
Saura ha explicado que los 3.600 millones de euros se canalizarán a través de los ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas privadas para mejorar la infraestructura, por medio de la construcción de carriles VAO, nuevos intercambiadores o aparcamientos disuasorios, así como para contribuir a la digitalización y descarbonización del sector.
Respecto a este último objetivo, el secretario de Estado ha apuntado que el objetivo del Gobierno es reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del transporte por carretera, actualmente en torno a 90.000 millones de toneladas, en un 37% antes de 2030, es decir a 57.000 millones en menos de 10 años.
DESPOBLACIÓN RURAL
Otro de los desafíos al que el Ejecutivo quiere que el sector del autobús contribuya en los próximos años es la «nueva desigualdad» que Saura cree que ha generado la concentración de la población en las grandes ciudades y ha ocasionado la despoblación rural, un problema que podría limitarse garantizando la movilidad en todo el país.
Saura ha recordado que entre el resto de medidas tomadas para garantizar la viabilidad del autobús se encuentran la inclusión del sector en el paquete de 11.000 millones de ayudas a empresas, un fondo destinado al transporte de 800 millones y transferido a las Comunidades, futuras subvenciones a ayuntamientos para compensar el déficit del transporte público generado por la pandemia, líneas de avales, los ERTE, la moratoria en el pago de préstamos o la restauración del equilibrio económico.
El secretario de Estado ha asegurado que la hoja de ruta del sector coincide con los objetivos del Gobierno y del Ministerio de Transportes, que este primer semestre del año presentará su anteproyecto de ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte.
ACTUALIZAR LAS CONCESIONES
El informe de KPMG, titulado ‘El autobús como elemento clave de la nueva movilidad’, aboga por replantear el mapa actual de concesiones, contar con un marco normativo de financiación del transporte público, impulsar la intermodalidad, alcanzar una mejor relación calidad-precio y contar con nuevas formas de contratación de servicios escolares y de uso especial.
Para abordar todos estos retos, concluye que las administraciones públicas tienen que estudiar la demanda actual del transporte, definir un nueva mapa concesional, aportar incentivos para mejorar el servicio público, mejorar las infraestructuras y adaptar el marco regulatorio.
Las empresas, por su parte, tienen que impulsar planes estratégicos internos centrados en el usuario que ofrezcan un mayor valor añadido, mientras que el conjunto del sector debe trabajar por la intermodalidad con una plataforma interfaz de venta común y colaborar en su posicionamiento e imagen de cara a los clientes.
«Este documento es una reflexión estratégica para abordar los nuevos retos y oportunidades en la movilidad, un sector esencial para la actividad económica y social, estrechamente ligado al turismo y al acceso de los servicios básicos. Más de la mitad de los desplazamientos en transporte colectivo se desarrollan en autobús, llegando donde no llega ningún otro medio de transporte y transportando 3.115 millones de viajeros anuales», ha concluido el presidente de Confebús, Rafael Barbadillo.
