El PSOE, Podemos, ERC y PNV han rechazado este martes en el Congreso la toma en consideración de la Proposición de Ley Integral de Protección y Apoyo a las Familias propuesta por Ciudadanos, en la que se propone la equiparación de las parejas de hecho a los matrimonios en cuanto a derechos, o la consideración de familia numerosa a partir de dos hijos.
«Queremos convertir a España en el mejor país para tener una familia pero para ello necesitamos un consenso amplísimo y mirada amplia», ha declarado la portavoz de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso, Sara Giménez, este martes 16 de marzo durante la defensa de la proposición de ley, que ha contado con el apoyo de PP, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Compromís y con el rechazo de PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV.
Según se indica en la exposición de motivos de la proposición, «en España, el proceso que va de la formación académica a la emancipación económica, la consolidación de un puesto de trabajo, el acceso a la vivienda y la puesta en marcha de un proyecto familiar y personal autónomo es arduo».
Además, el texto señala que los expertos dicen que las mejores condiciones para tener hijos son «haber completado una educación, gozar de estabilidad económica y laboral, disponer de una vivienda adecuada y contar con una pareja estable».
Si bien, Giménez ha precisado que las mujeres se enfrentan al desempleo, a la discriminación laboral, a la decisión de dejar sus puestos de trabajo para cuidar de familiares dependientes o de reducir su jornada o pedir una excedencia para cuidar de los niños. Por ello, ha destacado la incorporación en la ley de los cuidados.
Entre los cambios que contempla la proposición de ley, destaca que todas las familias con dos o más hijos serán consideradas numerosas, y a partir de tres, tendrán una categoría especial. Además, los beneficios de estas familias se extienden a las monoparentales.
Por otra parte, la ley persigue garantizar la equiparación de derechos entre los matrimonios y las parejas de hecho, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de realizar la declaración de la Renta conjunta, tener un permiso de 15 días análogo al que se concede a una pareja al casarse, o el derecho a la pensión de viudedad.
Asimismo, se reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la adopción de medidas que favorezcan su ejercicio corresponsable; se equipara el permiso para trabajadoras para la realización de tratamientos de fecundación o reproducción asistida; y se extiende el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares a quienes tengan a su cuidado directo a una persona mayor.
Durante el debate de la Proposición de Ley, la diputada del PSOE María del Pilar Rodríguez ha anunciado el voto en contra de su partido porque considera que el texto de Ciudadanos «no aborda la diversidad de familias que existen».
A su juicio, hace falta una ley que adecue las ayudas a la situación de necesidad «no con promesas populistas que embriaguen a la población» sino «teniendo en cuenta el tamaño de las familias, el número de integrantes, la renta familiar o las características». En este sentido, ha defendido la ley de diversidad familiar en la que está trabajando el Gobierno de coalición.
Mientras, la diputada del PP Alicia García Rodríguez ha apoyado la iniciativa porque considera que «la familia es uno de los pilares sobre los que pivota la sociedad» y que «hay que reforzar su protección» pero ha precisado que al texto de Ciudadanos le «falta concreción y presupuesto» y lo ha calificado de «desfasado» al «no tener en cuenta el contexto social derivado de la Covid o la corresponsabilidad».
Por parte de Vox, la diputada María de los Reyes Romero ha apoyado la proposición a pesar de «no compartir del todo la filosofía» de la proposición de ley y ha apostado por promover familias «sólidas» que «se decidan a tener hijos» y no «parejas volátiles» porque así, a su juicio, «pocas mujeres se van a animar a tener descendencia».
Por su parte, la diputada de Unidas Podemos Sofía Fernández Castañón ha anunciado su voto en contra porque la propuesta de Ciudadanos, a su juicio, tiene «un punto de partida errado», no incluye a «todas las familias que lo necesitan» y no tiene en cuenta los «criterios socioeconómicos».
La diputada de Esquerra Republicana de Catalunya María Carvalho se ha preguntado «a qué familias» va a apoyar esta ley, y aunque acepta algunas propuestas como la equiparación de la pareja de hecho al matrimonio, cree que «no soluciona el problema que impide a las parejas y a las madres poder desear tener o adoptar niños», que es «la imposibilidad de acceder a un trabajo estable, a una vivienda digna o a una vida sin racismo».
Por parte del PDeCAT, el diputado Genís Boadella ha apoyado la toma en consideración de esta proposición de ley porque duda que llegue a término el compromiso de Pablo Iglesias de aprobar una Ley de diversidad Familiar. «Es evidente que no se va a cumplir porque se va», ha remarcado.
El portavoz de Compromís en el Congreso Joan Baldoví ha anunciado su voto a favor de la ley porque considera «necesario» hablar de «familias numerosas, conciliación, parejas de hecho, familias monoparentales y maternidad», sobre todo, teniendo en cuenta la «preocupante» caída del número de nacimientos en España.
El diputado del PNV Íñigo Barandiaran ha argumentado que votan en contra porque aunque no están en desacuerdo con la mayor parte de la ley, consideran que el «defecto principal» es que «carece de una herramienta básica: su estudio económico financiero».
La diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas ha mostrado su apoyo, aunque considera que «falta el elemento de la vivienda como impulsor de la natalidad»; y el diputado de Foro Asturias Isidro Manuel Martínez ha subrayado la necesidad de «legislación en favor de la familia» pues «un territorio sin relevo generacional carece de futuro».
