El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado este lunes en el marco de la XXVI Cumbre Franco-Española que se ha celebrado en Montauban, que se debe reforzar la cooperación entre ambos países en la lucha contra el terrorismo yihadista para así «evitar esas situaciones que tanto sufrimiento producen».
Éste ha sido uno de los temas tratados en la reunión bilateral mantenida con su homólogo francés Éric Dupont-Moretti por videoconferencia. Según un comunicado del ministerio, ambos han coincidido en que «es esencial aportar respuestas conjuntas en materia de Justicia», en asuntos tan relevantes como la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la cooperación bilateral para la digitalización de la Justicia o la prueba electrónica y la retención de datos, entre otros.
Sobre la colaboración entre España y Francia, han estado de acuerdo en calificarla de ejemplar y han reiterado su determinación de seguir haciéndolo a este «altísimo nivel». En la declaración conjunta se recuerda «la ejemplaridad en la lucha contra el terrorismo de ETA» y se valora la trascendencia de cooperar en la lucha contra el terrorismo, de cualquier origen, en particular el terrorismo yihadista.
Por otro lado, también se ha puesto en valor la actividad de la ORGA en España, y la AGRASC en Francia, las oficinas dedicadas a la recuperación y gestión de activos, mediante la incautación de bienes, en el ámbito de la delincuencia organizada. «Su papel es recuperar activos para devolver a la sociedad lo que la criminalidad le ha sustraído», ha dicho Campo. Y han insistido en que es clave «mantener una cooperación ambiciosa, recurriendo cada vez más a instrumentos europeos de asistencia penal, tales como los equipos conjuntos de investigación».
En este sentido, Campo ha recordado la importancia de instrumentos europeos y bilaterales como los Grupos de Enlace de Terrorismo y de Drogas, que «demuestran la madurez de la cooperación bilateral». También ha puesto de relieve el diálogo fluido entre las autoridades centrales en materia de cooperación jurídica internacional, así como el papel de los magistrados de enlace, que ha calificado como «fundamental.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Por otra parte, ambos han destacado que el objetivo común y prioritario ahora es la transformación digital de la Justicia, y por eso han explicado que van a reforzar la cooperación a través de los fondos ‘Next Generation’, de los que disfrutarán los dos países y que permitirán la consecución de los objetivos de transformación digital de la Justicia.
El ministro Campo ha explicado que España «está muy implicada en la transformación y modernización de la Justicia». Así, ha comentado que, previsiblemente, este año verá la luz la Ley de Eficiencia Digital y ha enumerado varios temas que se están trabajando en el marco de Justicia 2030, como son la inmediación digital, la inteligencia artificial y la oficina del dato.
También se ha incluido en su declaración conjunta la prueba electrónica y la retención de datos. La declaración pone de manifiesto que ambos países son partidarios de buscar una solución a nivel europeo, ambiciosa, eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales, en la lucha contra la criminalidad. Por una parte, consideran que deberían establecerse mecanismos de cooperación sencillos y operativos en lo que se refiere a la prueba electrónica que «permitan a las autoridades de investigación reunir pruebas decisivas».
También valoran la gran importancia que tiene contar con los datos de conexión en la investigación de delitos que, debido a diversa jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ahora no cuenta con legislación que la soporte. Por esa razón, han insistido en «la necesidad de permitir una amplia conservación de estos datos», limitando el acceso a éstos «lo estrictamente necesario para garantizar una lucha eficaz contra el terrorismo y contra cualquier otro tipo grave de delincuencia».
