La fiscal que ha ejercido la acusación pública por el fuego que en febrero de 2019 arrasó la Sierra de la Alcomba, en Ramales de la Victoria, no tiene «dudas» de que fue intencionado y de que su autor es el entonces jefe de los voluntarios de Protección Civil del municipio.
Y además cree que el acusado lo provocó para participar en la extinción y «satisfacer su ego personal», ya que tenía «afán de protagonismo». Así lo ha expuesto la representante del ministerio este viernes en la última sesión del juicio contra el excoordinador de la agrupación, para el que mantiene los cuatro años de cárcel solicitados por un delito de incendio forestal agravado, por la extensión de superficie afectada -más de 144 hectáreas- y por las condiciones meteorológicas y del terreno.
Por su parte, el abogado del procesado ha insistido en la libre absolución de su cliente, al considerar que la imputación se basa en una prueba «preconstituida y fabricada», por lo que ha denunciado la vulneración del derecho fundamental a la defensa.
Este letrado ha admitido la posibilidad de una falta de profesionalidad del implicado, incluso «grave», así como el hecho de que el incendio fuera provocado, pero no considera que haya quedado acreditado «ni con mucho» la participación de su representado en los hechos.
Entre otras cosas cree «prácticamente imposible» prender fuego en los siete puntos determinados -a lo largo de 65 metros- en el tiempo «tan breve» establecido por la investigación.
Ambas partes han expuesto sus informes en la última sesión del plenario, celebrado esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, y que ha quedado vista para sentencia. En la misma también han intervenido la letrada del Gobierno de Cantabria -que se ha adherido a las peticiones de la Fiscalía- y el de Álvarez Forestal, que ejerce la acusación particular por los daños en una parcela de esta empresa afectada por las llamas.
ACREDITADOS EL DELITO Y LA AUTORÍA
En la sesión, que ha concluido sin que el acusado, Luis Trueba, ejerciera su derecho a la última palabra, la fiscal ha reafirmado que tras el interrogatorio y practicadas las pruebas testifical y pericial ha quedado acreditado tanto el delito como su autoría.
Ha insistido en que fue un incendio «provocado» o «intencionado», en un lugar «idóneo» para su desarrollo -una ladera con pendiente, a lo que se sumó la meteorología del momento en que se originó, en torno a la medianoche del 17 al 18 de febrero- y así «hacer daño». Y también era un sitio donde resultaba «muy difícil ser visto».
Además, esta acusación cree que aunque el informe de las muestras tomadas en el terreno días después no fue «concluyente» acerca del uso de algún acelerante -como gasolina-, sí se empleó para favorecer la propagación del fuego, que tuvo «gran virulencia».
E igualmente cree que «no hay lugar a dudas» de la autoría del incendio, pues hay pruebas «claras y rotundas». Así, por ejemplo, el GPS del vehículo oficial que conducía el acusado le sitúa en la zona de los hechos en el momento aproximado en que se produjeron.
A ello se suma el comportamiento «extraño» que tuvo ese día, según revelaron sus compañeros de la agrupación, que manifestaron que estaba «con ansias de fuego», llegando a compararle con un drogadicto cuando tiene ‘mono’. Y además, uno aseguró que le vio tratando de ocultar una garrafa con gasolina cuando regresaba del lugar de los focos, en la que luego comprobaron que faltaban unos 2 litros.
Y frente a las versiones coincidentes de los testigos, la fiscal ha contrapuesto el testimonio del procesado, que «entra en contradicciones continuamente», más si se compara con declaraciones anteriores, cuando fue detenido y en fase de instrucción.
Así, considera «sorprendente» algunas explicaciones a su modo de proceder, como cuando le sorprendieron bajándose del vehículo con la garrafa, y tacha de «absurdo» que dijera que también se disponía a llevar junto a la gasolina una motosierra cuando esta herramienta «nunca» se usa en labores de extinción en Cantabria.
«Es un despropósito», ha resumido la representante de la Fiscalía sobre la declaración del imputado y que a sus ojos «no es creíble». Por todo ello, se ha opuesto de la atenuante de reparación del daño interesada por la defensa de forma alternativa, en el hipotético supuesto de una condena, que conllevaría una rebaja de las responsabilidades penal -hasta entre año y medio y tres de prisión- y civil.
La fiscal ha argumentado por un lado que el sospechoso no ha tenido una conducta «efectiva y eficaz» orientada a reparar el daño, ni cuando se produjeron los hechos -con su participación en la extinción del incendio no buscaba «aminorar» el perjuicio causado, sino «satisfacer su ego» pues le gustaba «ser protagonista»- ni tampoco después, al haber consignado una cantidad «más que escasa e insignificante» -4.000 euros- en proporción a las pérdidas -valoradas «a la baja» en más de 200.000 euros- y «dos o tres días» antes del juicio además.
Y no ha reconocido los hechos ni ha perdido perdón, extremos que ha puesto también de relieve la letrada del Ejecutivo, que cree igualmente que el exjefe de los voluntarios ramaliegos no contribuyó tras el incendio a «minimizar» los daños, sino que fue quien los causó para estar él «en primera línea del fuego».
De su lado, la acusación particular ha apreciado durante la vista un «cúmulo de circunstancias probatorias», empezando por la «ilógica» y «absurda» versión del procesado en torno al incendio, que fue «intencionado» y en el que «intervino de alguna manera».
Este abogado cree que esa noche tuvo una conducta «más que errática», sobre todo desde que se sintió «sorprendido» por sus compañeros, que han mantenido una versión «coherente y firme» frente a explicaciones «bastante endebles» de su entonces superior.
Y ha tachado de «irrisoria» la cantidad aportada por el procesado, que está en paro, si se compara con los daños del fuego en la parcela de Álvarez Forestal, que en un peritaje «de mínimos» se establecieron en cerca de 16.700 euros cuando superaron los 79.000, después de que fuera «todo arrasado. No quedó nada».
La defensa ha aludido a la vulneración de este derecho fundamental en el proceso, al entender que existía una conclusión antes de las diligencias. Se ha referido así a la «sorprendente» aportación por parte del Ayuntamiento -del que depende la agrupación- de los datos del GPS del vehículo oficial que condujo el acusado la noche de los hechos a la Guardia Civil sin haber sido requeridos esos datos.
Cree que no ha habido una investigación «neutra» y el procedimiento no se ha llevado a cabo con las «garantías» requeridas, algo que esta parte no ha puesto de manifiesto en el momento oportuno para hacerlo -cuestiones previas, justo antes de iniciarse la vista- porque no ha tenido conocimiento de ello hasta el desarrollo de la vista.
Este letrado ha opinado que «nadie» usa para la comisión de un delito un coche oficial y dotado con sistema de geolocalización además.
Y atendiendo a la velocidad del mismo en el intervalo de tiempo en el que empezaron los focos y las paradas efectuadas, puestas en relación también con llamadas de teléfono realizadas y recibidas en el terminal corporativo, la defensa considera «prácticamente imposible» recorrer en «un tiempo tan breve» la distancia establecida. Y más, ha agregado, bajándose del vehículo, cargando con una garrafa de diez litros y prendiendo fuego a lo largo de 165 metros en siete puntos diferentes, separados entre sí 65 metros.
La defensa cree que el fuego se produjo antes de que llegara al lugar su cliente, que igual -ha dicho- actuó con «falta de profesionalidad» pero a su juicio no está acreditada la autoría de los hechos.
