El Senado ha instado al Gobierno, a través de una moción en la que se han puesto de acuerdo todos los grupos políticos, a adoptar «todas las medidas necesarias» para garantizar la «reparación moral y económica» de todos los afectados por la talidomida en España.
El texto pide al Ejecutivo que proceda «cuanto antes» a cumplir con los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que recogían las ayudas para las víctimas de este fármaco en los años 60. De la misma forma, los grupos han acordado exigir a la compañía farmacéutica Grünenthal la «reparación económica del daño causado en cuantías adicionaes a las ayudas previstas».
«Seguiremos exigiendo la responsabilidad a la farmacéutica para que reconozca el daño, pida perdón y asuma la colaboración económica en las reparaciones a estas personas, que nunca serán suficientes», ha comentado en su intervención la senadora socialista Ana Belén Edo, quien ha pedido «disculpas» a los afectados. «No hemos sabido ajustarnos antes a vuestras demandas», ha señalado.
En este sentido, Edo ha avanzado que las ayudas «están pendientes solo de los informes del Ministerio de Hacienda, Presidencia y dictamen del Consejo de Estado». «Se prevé su aprobación en pocos meses y después se abrirá otra vez el plazo para la solicitud de ayudas», ha destacado. Según ha indicado, se va a reconocer con 12.000 euros por punto de discapacidad producto de la talidomida, y por el momento solo quedan pendientes 61 expedientes de un total de 593 solicitudes.
La proponente de la moción ha sido la senadora Mirella Cortès, de ERC, quien también defendió esta cuestión en el Pleno del Senado del 23 de febrero ante el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. «Los efectos negativos del fármaco dejaron a multitud de bebés con malformaciones congénitas muy importantes que están acarreando durante toda su vida. Alrededor de 3.000 personas en España llevan reclamando medidas de reparación por los daños sufridos. Medidas llevadas a cabo en todo el mundo excepto en el Estado español», ha explicado.
Así, y «después de 60 años de olvido institucional», Cortès ha argumentado que «ya ha llegado el momento, hace tiempo que lo era, de asumir y reparar los derechos de todos los afectados que han sido olvidados». «Solo es cuestión de voluntad política», ha esgrimido.
Iglesias reconoció ante Cortès que el hecho de que los afectados por la talidomida en los años 50 y 60 aún no hayan recibido indemnizaciones «revela las carencias de un sistema democrático que no siempre ha sabido hacer justicia de una tragedia que sucedió durante el franquismo pero se extiende en los gobiernos durante la democracia». «Pone en cuestión nuestra salud democrática, por eso tenemos la obligación de reparar las injusticias que se han cometido», reconoció.
El ministro de Derechos Sociales avanzó que la regulación de las ayudas, en cualquier caso, «se va a culminar en cuestión de meses». Sin embargo, ha admitido que «la reparación económica y moral va a ser insuficiente». «Eso tenemos que reconocerlo aunque vayamos en la línea adecuada. Lo que está en mis manos se está gestionando todo lo rápido que podemos», añadió al respecto.
La moción aprobada este miércoles exige culminar «en un plazo máximo de seis meses» la elaboración y tramitación del Proyecto de Real Decreto para regular estas ayudas para los afectados entre el periodo de 1950 a 1985, sin que se requiera un grado mínimo de discapacidad. Asimismo, se insta al Gobierno a pagar antes de que finalice el año 2022 las ayudas previstas en los Presupuestos de 2018.
Otras medidas contempladas son «analizar» posibles exenciones fiscales y tributarias para las indemnizaciones; realizar en nombre del Estado una «disculpa pública» hacia las víctimas y sus familiares; o crear un comité de seguimiento con la participación de las asociaciones de víctimas para «velar por el correcto cumplimiento de esta iniciativa».
