Un informe realizado por el Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna ha puesto de manifiesto que en las grandes disposiciones normativas que se han ido dictando por parte del Gobierno e España desde que se decretó el estado de alarma, hace ya un año, ha habido importantes avances en materia de igualdad, aunque no suficientes, así como el impacto que ha tenido, sobre todo durante el confinamiento, en el aumento de la violencia de género.
Así se desprende del informe ‘Impacto de género de la crisis de la covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’, que ha sido coordinado por la directora del Instituto de Estudios de las Mujeres de la ULL, Margarita Ramos, y financiado por el Gobierno de Canarias a través de los Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Este informe ha sido presentado en un acto que ha contado con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, Margarita Ramos; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, y, vía telemática, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señaló que este informe pretende concluir si los poderes públicos «están haciendo las cosas bien» como consecuencia de la pandemia y, sobre todo, poder orientar actuaciones cumplidas y determinar si se está produciendo una compensación a las personas más vulnerables.
Por su parte, Victoria Rosell dijo que esta crisis está afectando de manera desigual a hombres y mujeres, en las que recae la mayor sobrecarga de trabajo y que también sufren mayor precariedad y pobreza laboral, de ahí que el Gobierno haya enfocado esta crisis de manera que no dejase atrás a las mujeres.
El objeto del informe ha consistido en analizar las normas que se han dictado durante el estado de alarma para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de la covid-19 y si éstas han tenido en cuenta la perspectiva de género y la especial incidencia que la propia pandemia ha tenido sobre las mujeres.
Así, en materia de protección del derecho a la vivienda, el informe pone en valor la adopción de una importante batería de medidas por parte del Ejecutivo con el fin de garantizar la disponibilidad de un techo a los colectivos más vulnerables, con un claro impacto de género dada la feminización de la pobreza.
Estas medidas se acompañan de otras para garantizar los suministros básicos a la ciudadanía, como la luz, el agua o el gas, especialmente a colectivos vulnerables. A este respecto, el estudio concluye que la garantía de suministros básicos de energía y agua acordada en beneficio de colectivos vulnerables, así como la prórroga del bono social de electricidad, son también medidas con un impacto positivo de género, al proporcionar a los colectivos económicamente más vulnerables los recursos mínimos e imprescindibles para una vida digna.
En cuanto a las mujeres víctimas de violencia de género, el informe pone de relieve que desde que se decretara el estado de alarma se pusieron en marcha medidas para garantizar el funcionamiento de los servicios destinados a su protección y asistencia, sobre todo teniendo en cuenta que el confinamiento y la prórroga del estado de alarma ha aumentado los casos de violencia de género y, exponencialmente, el numero de denuncias como consecuencia de que el propio confinamiento obligaba a mujeres y niñas a vivir en estrecho contacto con sus maltratadores y en un contexto de tensión debido, entre otras cosas, a la disminución de ingresos. De hecho, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, durante la pandemia se incrementaron las consultas online al 016 un 400% y un 57,9% las propias llamadas al 016.
MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL Y LABORAL.
Otra de las conclusiones del informe tiene que ver con el apoyo a la economía y mantenimiento del empleo. En este punto el informe concluye que aún cuando no hay datos registrados desagregados por sexo que permitan hacer una valoración general del alcance de los efectos de los ERTE y la protección por desempleo vinculada a los mismos, se puede afirmar que una política de prestaciones y subsidios por causa del desempleo generado por la crisis de la covid-19 ha estado dirigida en mayor proporción y ha apoyado en mayor medida a las mujeres, pues son ellas quienes, aun cuando no suponen ni la mitad de los ocupantes del mercado laboral, son mayoría en cuanto sujetos perceptores de prestaciones o subsidios por desempleo.
Respecto a las medidas de protección social a la población trabajadora y a la ciudadanía, destacan las que tienen por objeto alargar los períodos de baja por incapacidad temporal, cuyo impacto sobre las mujeres fue notable dada la sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales y el elevado porcentaje de mujeres que trabajan en estos sectores (66% del personal sanitario y sociosanitario es personal femenino, conforme datos reflejados en este informe).
En esta materia también destaca la implementación del Ingreso Mínimo Vital, que tiene y tendrá consecuencias directas en la consecución de la igualdad de género. En primera instancia, cuando las estadísticas de la EPA y del INE concluyen que las mujeres conforman la mayoría de sujetos perceptores de prestaciones públicas, lo que previsiblemente haga que este subsidio no contributivo vaya dirigido a las mujeres en mayor grado. En segundo lugar, el IMV dota de capacidad económica específicamente a las mujeres víctimas de violencia de género, trata y explotación sexual, lo que, indudablemente, les otorgará mayor independencia económica y social.
En el ámbito del teletrabajo, continúa siendo un gran exponente del posible conflicto que puedeproducirse al no delimitar convenientemente los espacios laborales y personales o familiares, así como que no exista una correcta separación de los tiempos de trabajo y los tiempos dedicados a la familia e igualmente, y de no menor relevancia, que reproduzca estereotipos de género, recurriendo las mujeres al teletrabajo (a la casa y el cuidado no remunerado de familiares) y los hombres al trabajo presencial. Por ello, el informe ve preciso destacar y valorar positivamente cómo la legislación reguladora del teletrabajo ha tomado en cuenta un particular enfoque de igualdad de género.
RECOMENDACIONES.
El informe concluye con trece recomendaciones a los poderes públicos, entre ellas, mantener las ayudas en materia de vivienda a la ciudadanía, sobre todo a personas y colectivos que resulten más vulnerables, entre ellos las mujeres y mujeres víctimas de violencia de género. Recomienda también mantener las ayudas a los suministros básicos al entender que, una vez finalice el estado de alarma, estas personas vulnerables no tendrán capacidad para recuperarse de forma inmediata y acceder a esos servicios.
Al mismo tiempo, se aconseja prestar especial atención a las personas consumidoras, por ejemplo, para retrasar el pago de determinadas compras, así como reconocer la naturaleza de género de la fuerza de trabajo en el ámbito sanitario y sociosanitario.
A las empresas se hace una llamada para que se reconozca la distribución de los tiempos de trabajo y los tiempos para conciliar la vida laboral y familiar, y también se recomienda que haya un apoyo significativo al apoyo infantil y se cree una red pública de guarderías.
