El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de modo que no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial un vez expirado su mandato. La previsión es que, tras su aprobación y su paso por el Senado, los cambios estén en vigor en el mes de abril.
Se espera que los grupos parlamentarios sigan la estela de sus votaciones en la Comisión de Justicia y que el Pleno dé luz verde a la proposición de ley. Eso sí, al tratarse de una ley orgánica el PSOE y Unidas Podemos necesitarán reunir mayoría absoluta, 176 diputados.
Después el texto pasará a Senado donde, también se intentará acelerar la tramitación para que la reforma pueda quedar aprobada en el plazo de un mes y así entrar en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
LA REBAJA DE LAS MAYORÍAS, EN LA NEVERA
El PSOE y Unidas Podemos presentaron su propuesta el pasado mes de diciembre, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley vigente para renovar el CGPJ, todo ello como una forma alternativa a la negativa del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces.
Desde entonces, la propuesta de los socios de Gobierno ha ido superando todos los escollos en la Cámara Baja en una tramitación urgente acordada por la Mesa del Congreso, que también habilitó el mes de enero con este fin. La Comisión de Justicia la dejó vista para su aprobación definitiva el pasado 16 de febrero, donde se rechazaron las dos enmiendas de supresión que el PP mantenía ‘vivas’.
El objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es «establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación».
Para Podemos y PSOE, el hecho de que la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no regule las funciones de un CGPJ caducado es una «laguna jurídica» que «constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido».
En concreto, proponen que un CGPJ vencido no pueda nombrar presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, entre otros cargos de la cúpula judicial. En cambio, plantean que conserve «aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante» para evitar la «parálisis» de la Justicia.
Desde PP, Vox y Ciudadanos ven esta proposición de ley como un ataque al Poder Judicial y, en el caso de los ‘populares’, advirtieron en el último debate parlamentario que no accederían a lo que consideran un «chantaje», mientras que los otros dos partidos abogaron por sus respectivas propuestas de que los vocales del CGPJ sean elegidos por los propios jueces.
A LA ESPERA DEL ACUERDO
PP y PSOE retomaron a finales de febrero las negociaciones para renovar el CGPJ pero encallaron por el veto de los ‘populares’ a los dos candidatos impulsados por Unidas Podemos, los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Desde entonces, las conversaciones entre ambos partidos se habrían reanudado sin que se conozcan progresos.
Entretanto, el CGPJ ha seguido adelante con su actividad para realizar nombramientos. De hecho, el mismo jueves escuchará a la primera decena de candidatos a ocupar las dos plazas de magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que quedaron vacantes por la jubilación de Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego y que fueron convocadas el pasado 4 de febrero.
Y, en el Pleno extraordinario de la semana pasada, hubo suficiente consenso en el CGOJ para realizar seis de las ocho designaciones que tenía sobre la mesa. El presidente, Carlos Lesmes, incluyó estos nombramientos en el orden del día a petición de ocho vocales después de que decidiera inicialmente no hacerlo para dar una oportunidad a la negociación entre PP y PSOE.
Dados los plazos parlamentarios, fuentes del CGPJ han señalado que en el Pleno ordinario programado para el 25 de marzo aún podrían realizarse una serie de nombramientos pendientes en el Tribunal Supremo.
