El 62% de los 37 yihadistas detenidos en 2020 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado eran ciudadanos de nacionalidad marroquí y, del total de los arrestados, cuatro carecían de documentación que les habilitara para estar en territorio Schengen, el espacio europeo en el que no existen controles interiores entre países.
Los datos constan en una respuesta parlamentaria del Gobierno en la que, a preguntas de Vox, se ofrecen datos de forma escueta sobre la nacionalidad de los 37 detenidos por presunto yihadismo durante el año 2020. El partido liderado por Santiago Abascal también quería saber «la forma en la que entraron los que se encontraban en situación irregular».
En su respuesta, con fecha de 22 de febrero, el Gobierno detalla que los 37 detenidos por delitos relacionados con el yihadismo eran de cinco nacionalidades: 23 de Marruecos; seis de España, cinco de Argelia; dos de Siria y uno de Egipto. «De ellos», añade el Ejecutivo, «cuatro carecían de documentación que les habilitara para estar en territorio Schengen».
ONCE ENCARCELADOS DESDE 2018
Vox ha preguntado en varias ocasiones sobre terroristas «infiltrados» entre las redes migratorias en las rutas de llegada a España. El pasado 18 de febrero, el Ejecutivo contestó en términos parecidos para, sin utilizar la palabra infiltrados ni relacionarlo con la inmigración, asegurar que «desde 2018 han ingresado preventivamente en prisión un total de 11 detenidos por delito de terrorismo que carecían de documentación que les habilitara para estar en territorio Schengen».
El Gobierno suele contestar que se trata de información bajo investigación judicial o sobre la que pesa la regulación específica de material clasificado. «Se informa que las investigaciones sobre la forma de acceso a territorio nacional de los detenidos en situación irregular están bajo secreto sumarial», asegura en esta última ocasión.
Sobre la «concentración geográfica» de las operaciones en cuestión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez señala que «puede responder a numerosos factores que se determinarán en el transcurso de las investigaciones policiales y judiciales, por un lado, y en posibles investigaciones sociológicas, por otro».
ALERTAS DEL CNI
Vox también ha registrado preguntas por escrito aludiendo a las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la «posible utilización por parte de yihadistas de los flujos de inmigración ilegal para acceder a nuestro país», una de ellas en noviembre de 2020.
«Cabe informar que entre los servicios de inteligencia y de información del Estado hay una interlocución permanente y una transmisión de información constante, permitiendo el establecimiento de líneas de trabajo en las materias como la que motiva la presente iniciativa parlamentaria», asegura el Gobierno.
«El contenido de dichas informaciones, así como los protocolos y medidas de actuación en la lucha contra el terrorismo, se encuentran amparados en la regulación de materias clasificadas, en aplicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996», prosigue la respuesta por escrito.
RETORNADO DETENIDO EN BARCELONA EN ENERO
Otra de las preguntas de Vox en el Congreso de los Diputados versa sobre una operación antiterrorista en Barcelona el pasado 8 de enero con tres detenidos, de los que el Gobierno dice de forma escueta que eran de nacionalidad argelina –el partido de Santiago Abascal apuntaba a otras nacionalidades–.
Los tres ingresaron en prisión por decisión del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional por su presunta pertenencia al grupo terrorista DAESH. Uno de ellos era un retornado desde la zona de conflicto sirio-iraquí en vísperas de Navidad y que fue localizado en un inmueble ocupado en el barrio de la Barceloneta.
Fuentes de la lucha antiterrorista señalaron que los especialistas de la Comisaría General de Información estaban investigando si este argelino retornado, de 28 años, planeaba atentar en Europa y si aprovechó las rutas de introducción irregular de inmigrantes por vía marítima.
Además de la batería de preguntas, Vox promovió sin éxito el pasado mes de diciembre sendas votaciones de Proposiciones No de Ley en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para instar al Gobierno, por un lado, a declarar la llegada masiva de inmigrantes ilegales como «situación de interés para la Seguridad Nacional», y por otro, a «prevenir la infiltración yihadista a través de los flujos de inmigración ilegal».
Desde 2012, según datos del Ministerio del Interior acumulados hasta el 1 de marzo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido en España a 412 personas vinculadas al terrorismo yihadista en un total de 230 operaciones.
