El colectivo de transportistas autónomos ha arremetido contra la decisión que ha tomado recientemente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de validar el transporte de paquetería por parte de los vehículos VTC, un negocio destinado inicialmente solo al transporte de viajeros.
La Asociación de Transportistas Autónomos (ATA) traslada en un comunicado que esta resolución del organismo regulador avala una actividad que califica de «intrusismo profesional» y recuerda que tendrá «graves consecuencias y económicas en un futuro inmediato».
El sector cree que, adaptando el mismo principio que valida a los VTC a desempeñar la actividad de transporte de mercancía, las empresas de transporte también tendrían que estar capacitadas para realizar el transporte de viajeros.
Solo hace unos semanas, ATA felicitaba a la Comunidad de Madrid por la «rápida respuesta» que tuvo al ordenar la suspensión del servicio de paquetería que Cabify, una de estas empresas VTC, lanzó en abril del año pasado para compensar la abrupta caída del número de pasajeros por las restricciones a la movilidad.
Pese a que Cabify dejó en ese momento de intermediar el envío de paquetería con las empresas que prestan el servicio VTC de pasajeros en su plataforma, la empresa asumió la gestión directa de esta actividad con su filial Prestige and Limousine.
La Comunidad de Madrid ha seguido solicitando a la compañía que cese este servicio. Sin embargo, Cabify sigue realizándolo aunque de forma directa con esta filial, por lo que los usuarios pueden seguir solicitando este servicio a través de su app, de forma que solo los coches VTC de Prestige and Limousine podrán gestionar.
Pese a los requerimientos de la Comunidad de Madrid, la última resolución de la CNMC da un espaldarazo a Cabify y el resto de compañías VTC que decidan prestar un servicio de traslado de paquetes, al menos para el que se realice en maleteros de turismos de menos de dos toneladas de Masa Máxima Autorizada (MMA).
Los transportistas, no obstante, han trasladado su sorpresa, criticando esta decisión por avalar el «intrusismo» y suponer un «ataque frontal» al sector. «El informe es una muestra más del desconocimiento y la escasa sensibilidad existente sobre nuestro entorno desde aquellas instituciones que pueden influir en nuestra actividad diaria», concluye la organización.
