Unidas Podemos defiende que el fondo de 11.000 millones de euros en apoyos a empresas, que tiene previsto aprobar este martes el Consejo de Ministros, debe incluir al menos una dotación de 8.000 millones en ayudas directas a las empresas golpeadas por el Covid-19.
También plantea como «crucial» el «definir bien» las características de estas ayudas para llegar «con eficiencia y rapidez» al tejido empresarial con problemas de solvencia. De este modo, ve conveniente desarrollar instrumentos similares a los desplegados por otros países del entorno comunitario, «más centrados en ayudas directas mientras que la reestructuración de las deudas del ICO debería tener un papel más secundario».
Según un documento elaborado por la Vicepresidencia de Derechos Sociales, las ayudas directas a empresas no se deben realizar por sectores, aun sabiendo que hay algunos que han experimentado caídas de ingresos mucho «más fuertes que otros».
CAÍDA DE MÁS DEL 30% DE INGRESOS
Este fondo de 8.000 millones de ayudas directas ya fue reclamado por la formación morada en febrero, mediante sendas cartas enviadas a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
«Las ayudas directas deben ser accesibles para todas las empresas, al margen del sector en el que se encuentra, y la condición para acceder debe pasar por la comprobación de una caída drástica (30%-40%) de su facturación en 2020 con relación a 2019», destaca.
En el caso de las empresas que cumplan esta condición, Unidas Podemos cree que podrían acceder a cubrir hasta un determinado porcentaje de sus costes fijos (70-80%). En este sentido, el informe de la vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias expone que estas ayudas directas «no deben orientarse a cubrir costes variables de las empresas», pues ya hay otros instrumentos desarrollados para ello como los ERTEs.
«La reestructuración de las deudas del ICO en muchas empresas va a resultar inevitable, pero convendría en este momento posponer el proceso de reestructuración hasta que se asiente la recuperación. La incertidumbre económica actual dificulta mucho un diseño apropiado de los patrones de reestructuración», ahonda el análisis de la Vicepresidencia Segunda.
AYUDAR A MÁS SECTORES QUE LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO
En esta línea, alerta de que esa reestructuración «en este momento solo va a beneficiar» aquellas empresas que optaron por endeudarse utilizando estos créditos, «que no son necesariamente las que ahora tienen más problemas de solvencia».
«Por ello, no parece justificable un tratamiento diferenciado a las empresas en función de si en su momento utilizaron o no deuda del ICO (frente a las que, por ejemplo, utilizaron recursos propios para afrontar la pandemia)», desgrana.
A su vez, Unidas Podemos advierte también de que si se focalizan las ayudas a algunos sectores, otras empresas quedarán «desatendidas», aludiendo como ejemplo a pymes que realizan servicios en zonas muy turísticas pero no tendrían ayudas por «no ser estrictamente del sector de la hostelería o el turismo».
En consecuencia, establecer la condición de acceso a las ayudas a través de una caída de la facturación en 2020 «tiene la virtud de ayudar a los sectores más dañados por la pandemia y, simultáneamente, posibilitar que otras empresas de otros sectores puedan también beneficiarse de las ayudas».
PRIMAR EL EMPLEO Y SUPERVISIÓN DEL ESTADO
Por otro lado, las ayudas directas a empresas deben de quedar enteramente reguladas en una norma estatal y ser «homogéneas» en todo el territorio. «Este fondo no debe transferirse a las comunidades autónomas para que cada una establezca el criterio que mejor considere en el desarrollo de estas ayudas. La Administración General del Estado debe garantizar un acceso en igualdad de condiciones para todas las empresas, de forma que no se altere la competencia de mercado en todo el territorio nacional», defiende.
Para evitar «abusos» por parte de las empresas y «casos de mala utilización» se los fondos públicos, Unidas Podemos quiere que las ayudas directas deben quedar condicionadas a ciertos objetivos de políticas públicas. El principal, alega, es establecer el mantenimiento del empleo (que se mantenga un 70%-80% del empleo en 2021 y 2022).
«A este objetivo se le puede añadir también el compromiso de la empresa que reciba estas ayudas de abandonar en tres años el Régimen de Tributación por módulos», zanja.
