Los servicios jurídicos del Congreso rechazan que el Rey Felipe VI comparezca la Cámara para dar cuenta de las polémicas protagonizadas por su padre, Juan Carlos I, con sus regularizaciones fiscales, y también son contrarios a la tramitación de la comisión de investigación sobre las presuntas actividades irregulares del anterior jefe del Estado tras su abdicación solicitada por Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y el Grupo Plural.
Así consta en las notas de los servicios jurídicos sobre estas iniciativas que estudiará este martes la Mesa del Congreso. Como en ocasiones anteriores, se da por hecho que todas estas peticiones serán rechazadas con los votos de PSOE, PP y Vox, y que sólo encontrarán el apoyo del grupo confederal.
El artículo 56.3 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del Rey, es el argumento que esgrimen los servicios jurídicos para rechazar la comparecencia del jefe del Estado y la comisión de investigación sobre su padre.
Concretamente, la comparecencia de Felipe VI ha sido solicitada por Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País, Compromís y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para explicar las polémicas protagonizadas por Juan Carlos I con sus regularizaciones y por las infantas Elena y Cristina por las vacunas que recibieron en Emiratos.
Los mismos partidos pedían también explicaciones en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cuya citación también se oponen los letrados argumentando que el Ejecutivo no tiene competencias en esos asuntos privados de familiares del rey.
EL REY SE ADMINISTRA COMO QUIERE
Para el rechazo a la calificación de la comisión de investigación, los servicios jurídicos vuelven a mencionar los artículos 56.3 (inviolabilidad) y 65 de la Constitución. Éste último deja claro que «el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa» que él «distribuye libremente».
«Se ha de tener en cuenta –subrayan los letrados en su nota– que en el punto cuatro del apartado relativo al objeto de investigación de la presente iniciativa se prevé investigar en relación con: si el pago de dichos préstamos podría recaer sobre sus herederos, incluido el actual jefe del Estado Felipe VI», reza la nota de los servicios jurídicos.
Y es que, estos partidos plantean que el Congreso investigue, con posterioridad la abdicación del Juan Carlos I, la Fundación Zagatka le financió vuelos privados de placer, si, a partir de junio de 2014, el padre de Felipe VI «omitió deliberadamente la obligación de declarar ante la Hacienda pública las cantidades percibidas o utilizadas para pagos de vuelos» y si las cantidades utilizadas por el exrey para regularizar sus cuentas «provienen de préstamos o de donaciones sujetas a obligaciones tributarias» con posterioridad a la citada fecha.
En este contexto, los socios del Gobierno, las formaciones independentistas Más País, Compromís y el BNG defienden que la Cámara abra pesquisas sobre si «el pago de dichos préstamos podría recaer sobre sus herederos, incluido el actual Jefe del Estado».
PRECEDENTES
Para avalar su rechazo a esta comisión de investigación, los letrados se remiten a la «interpretación y los precedentes» existentes en la Cámara Baja sobre estos dos artículos de la Constitución.
La única vez que los servicios jurídicos dieron el visto bueno a la tramitación de una iniciativa de este tipo relativa a la Corona fue el pasado mes de enero, cuando no pusieron pegas a una solicitud de Unidas Podemos y otros seis partidos para abrir pesquisas sobre el uso de ‘tarjetas black’ por parte de Juan Carlos I tras su abdicación. Aún así, dado que los informes de los letrados no son vinculantes, PSOE, PP y Vox rechazaron su tramitación en la Mesa de la Cámara.
