El Gobierno está estudiando si puede solicitar la activación del Fondo de Solidaridad de la UE para que se haga llegar ayuda a las comunidades autónomas afectadas por los estragos del temporal ‘Filomena’ a principios del mes de enero.
Así lo ha hecho saber en sendas respuestas parlamentarias a preguntas formuladas desde el PP y Vox respecto a las actuaciones que se estaban llevando a cabo a nivel europeo para conseguir ayuda para paliar las consecuencias del temporal de nieve.
En ellas, el Gobierno explica las condiciones que tienen que darse para la solicitud de la activación del Fondo de Solidaridad de la UE, creado en 2002 «para responder a situaciones de urgencia, tales como las catástrofes naturales graves o catástrofes naturales regionales sobrevenidas».
Así, se considera catástrofe natural grave aquella que produzca daños directos estimados en más de 3.000 millones de euros a precios de 2011 o más del 0,6 por ciento de la Renta Nacional Bruta, mientras que las catástrofes de una catástrofe natural regional, para las catástrofes a nivel regional los daños deben ser superiores al 1,5 por ciento del PIB de la región, para lo cual existe un listado concreto actualizado con el monto mínimo por regiones europeas.
El plazo para la solicitud de financiación es de doce semanas desde el primer daño ocasionado por la catástrofe natural, plazo que en el caso de ‘Filomena’ arranca el 6 de enero pasado y todavía no ha expirado.
Además, se debe incluir información sobre daños totales directos causados y sus repercusiones así como estimación del coste en que se ha incurrido, según explica el Gobierno.
También debe figurar «cualesquiera otras fuentes adicionales de financiación de la Unión, nacionales o internacionales», junto a una «descripción sucinta» de la aplicación de la legislación comunitaria sobre prevención y gestión de riesgos de catástrofes relacionada con la naturaleza de la catástrofe ocurrida.
EVALUACIÓN DE SI SE PUEDE PRESENTAR LA SOLICITUD
Teniendo en cuenta todo ello, «se está llevando a cabo la evaluación de la documentación e información existente para saber si se puede, o no, solicitar la activación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea», ha precisado el Ejecutivo.
Asimismo, ha aclarado que «dicha solicitud no se realiza por un importe determinado, sino que se hace una evaluación de daños que forman parte de la solicitud» y luego es la Comisión Europea la que en base a lo presentado «elabora un informe de elegibilidad del gasto» y adjudica «un importe» al Estado que lo ha solicitado.
Este importe, ha añadido el Gobierno, viene condicionado por la cuantía del propio Fondo, que asciende a unos 850 millones de euros para los 27 estados miembro, y «por el número de catástrofes naturales que hayan sucedido o sucedan en 2021 en el conjunto» de la Unión Europea.
Por otra parte, en su respuesta a Vox, el Gobierno también se ha referido al Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 19 de enero por el que se declaró zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil al Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja, y Navarra.
En este sentido, el Ejecutivo ha recordado que el Ministerio del Interior, junto con otros ministerios y las administraciones públicas territoriales deben «elaborar una memoria completa que comprenda una estimación de los daños, complete el elenco de medidas que hayan de adoptarse y cuantifique su coste».
POSIBILIDAD DE NUEVAS MEDIDAS A NIVEL NACIONAL
Una vez completado dicho documento, «el Consejo de Ministros podría adoptar, si fuese necesario, un nuevo acuerdo que podría incluir aquellas nuevas medidas paliativas que se consideren procedentes en función de los daños personales y materiales evaluados, la gravedad de la perturbación de las condiciones de vida de la población, el grado de paralización de los servicios públicos esenciales y las demás circunstancias relevantes para el restablecimiento de la normalidad de las zonas afectadas».
Asimismo, se recuerda que desde el Ministerio del Interior se han adoptado las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para hacer frente a los daños ocasionados por el temporal conforme al real decreto que regula las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión.
Dichas ayudas pueden ser solicitadas por los afectados «en cualquiermomento, siempre dentro del plazo de un mes desde el acaecimiento de los daños» y «van dirigidas a paliar daños personales, así como daños materiales en viviendas y enseres, así como en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios», aclara el Gobierno.
Igualmente, se añade en la respuesta parlamentaria, «está previsto resarcir a las personas físicas o jurídicas a los que se haya requerido por las autoridades competentes en materia de protección civil laprestación de servicios personales, materiales o bienes para enfrentar la situación de emergencia», mientras que en el caso de las corporaciones locales, «podrán verse resarcidos por los gastos acometidos para hacer frente a la situación de emergencia».
