La economía sumergida en la Comunidad de Madrid se ha situado en un 16,2%, lo que supone 39.901 millones del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico, aunque se sitúa siete puntos por debajo de la media nacional (23,1%), unos datos que desde el Gobierno regional asocian a la baja fiscalidad y a su política de rebajas de impuestos.
«Con unos impuestos más bajos se desincentiva el fraude fiscal. Las regiones que son más competitivas fiscalmente como Madrid y País Vasco tiene menor economía sumergida», ha defendido este sábado el consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, en la presentación de un estudio sobre esta práctica en la región y su comparación a nivel nacional.
Tras el 16,2% de Madrid, se sitúa el 17% de País Vasco, el 18% de Navarra y el 20,6% de Cantabria. En el otro extremo, se sitúan Castilla-La Mancha, con un 27,2%; Canarias con un 26,1% y Comunidad Valenciana con el 24,8%.
Lasquetty ha subrayado así la «brecha» que existe entre las regiones que tienen impuestos más bajos y las que no en cuanto a la cantidad de economía sumergida que presentan, aunque ha afirmado que es «algo que perjudica a todos» y es una cifra que tiene que seguir bajando.
En esta línea, ha señalado que Madrid tiene «los impuestos más bajo de toda España y es la que más recauda», además de ser la región con menos economía sumergida y con «mayor solidaridad» entre rentas altas e inferiores. Sin embargo, el consejero ha informado de que si Madrid tuviera una economía sumergida en línea con la media nacional alcanzaría los 55.470 millones de euros.
En concreto, ha subrayado que hay una diferencia «muy apreciable» y es que la recaudación bajaría en la región de los 22.800 millones de euros actuales a los 21.200 millones. «Recaudaríamos 1.600 millones de euros menos si tuviéramos una economía sumergida como la que provocan los impuestos bajos», ha manifestado.
La Comunidad de Madrid detectó 302 millones de euros sin declarar en 2019 en el pago de impuestos autonómicos, una cantidad que supone el 13,7% del total de los 2.212 millones que recauda la Administraciones regional, a la que el consejero ha añadido que realizan una acción «directa de revisión y de lucha contra el fraude».
«MENOS ECONOMÍA QUE EN NINGÚN OTRO LUGAR DE ESPAÑA»
Por ello, Lasquetty ha subrayado que la política de la región de impuestos bajos supone un «beneficio directo» para los ciudadanos al rebajarse la economía sumergida y ser menor «que en ningún otro lugar de España».
«Tenemos que seguir actuando para reducir ese porcentaje de economía sumergida pero dentro de ello que se tenga en cuenta que bajando impuestos lo vamos a hacer mejor», ha defendido.
También, ha criticado el «empeño de la izquierda» y del Gobierno nacional, liderado por PSOE y Podemos, de «obligar a subir los impuestos» en la Comunidad, así como en otras regiones del país, algo ha valorado como «perjudicial para cada contribuyente» y que generaría una bolsa de economía en negro «que no le conviene a nadie».
«Comparando algunos estudios los servicios de la Consejería de Hacienda llegamos a la conclusión de que con una política de impuestos bajos como la que hace la Comunidad de Madrid no solo se produce mayor crecimiento y empleo sino que reduce la economía sumergida», ha zanjado.
En concreto, el consejero ha aludido a las principales conclusiones de diversosestudios que han abordado esta cuestión, como el reciente informe ‘La tributación del ahorro y su incidencia en la reactivación económica desde la perspectiva regional’, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos y CEIM, que sitúa a la Comunidad como la región con menor economía sumergida.
También ha aludido a análisis como el de la Fundación para el Avance de la Libertad, que destacan que la economía sumergida es menor en las regiones con mejor puntuación en el Índice de Competitividad Fiscal; o el del Colegio General de Economistas y la Cámara de Comercio, que refleja el vínculo entre un mayor esfuerzo fiscal y la mayor intensidad económica en B.
Por último, ha señalado que los técnicos de la Consejería de Hacienda y Función Pública revisan el 100% de los expedientes y documentos, más de 730.000 en 2019, un 1% más que a lo largo de 2018, en su intención de luchar contra el fraude.
