El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, una iniciativa que cuenta con 200 millones de euros en los presupuestos del departamento para crear, entre otras medidas, una red de empleo público para cuidadores.
La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, ha estado negociando en los últimos meses con las comunidades autónomas el desarrollo de este Plan y ha creado un texto que deberá ser ratificado en la Conferencia Sectorial de Igualdad que se celebra en abril.
En dicho documento, se recoge que el importe consignado al desarrollo del Plan Corresponsables podrá destinarse por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla a la financiación de proyectos para el desarrollo de actuaciones y/o prestaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con menores de 14 años.
UNA RED DE PROFESIONALES DEL CUIDADO
Esto se llevará a cabo a través de la creación de bolsas de cuidado profesional, a través de las cuales se habilitan «servicios de cuidado profesional de calidad, y con garantía de derechos laborales de los profesionales» del sector, que pueden prestarse en domicilio por un número determinado de horas semanales.
También se pueden habilitar estos servicios para dependencias públicas convenientemente habilitadas al efecto, «cumpliendo con las garantías sanitarias, tales como escuelas, centros municipales o polideportivos, entre otros», indica el texto de propuesto por Igualdad.
Las medidas que incluye el departamento de Irene Montero, también buscan la «creación de empleo de calidad». En este sentido, incluye el fomento del empleo en las bolsas de cuidado de personas jóvenes con perfiles profesionales correspondientes a perfiles TASOC (Técnica/o en Actividades Socioculturales), monitores de ocio y tiempo libre, TAFAD (Técnicas/os superiores de Animación Sociodeportiva), Educación Infantil, Auxiliares de Guardería y Jardín de Infancia.
Del mismo modo, recoge el establecimiento de convenios con el SEPE o los organismos de empleo de carácter autonómicos al objeto de fomentar la inclusión en las bolsas de empleo de personas con experiencia profesional en el sector de los cuidados formales e informales, especialmente mujeres mayores de 45 años.
Este sentido, llama al establecimiento de mecanismos públicos de reconocimiento de la experiencia de este colectivo no profesional de cuidados.
FINANCIACIÓN
«Las comunidades y ciudades autónomas deberán destinar los fondos asignados a cada una de ellas a las tres categorías mencionadas, no siendo posible desarrollar solo alguna o algunas de las líneas», explica el documento de Igualdad.
Del mismo modo, señala que «no se exigirá compromiso de cofinanciación de las comunidades autónomas o de las ciudades de Ceuta y de Melilla o de las corporaciones locales, si bien en las fichas de presentación de proyectos y en las memorias de evaluación de los mismos se consignará la cantidad total asignada a estos programas, desagregando la que corresponde al Ministerio y la aportada con cargo a fondos propios o de terceros».
Así, explica, los gastos que se financiarán con cargo a los fondos transferidos desde el Ministerio de Igualdad serán servicios proporcionados (diagnóstico de la necesidad, derivación y prestación de servicios).
En cuanto, a la ejecución presupuestaria de estos gastos por parte de las autonomías se sujetará a las disposiciones legales en vigor aplicables según corresponda la naturaleza del gasto.
En concreto, indica, los contratos ejecutados en aplicación de los fondos recibidos deberán sujetarse a las prescripciones establecidas en la normativa de contratación del sector público, incorporando cláusulas sociales que promuevan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
En este sentido, Igualdad señala que queda excluida la financiación de gastos que por su naturaleza económica se encuadren en el capítulo 1 de Gastos de Personal o en los capítulos 8 o 9 de activos y pasivos financieros, respectivamente, así como gastos realizados que se materialicen en prestaciones económicas directas a personas y/o familias.
Además, excepcionalmente se podrá financiar la realización de gastos de capítulo 1 cuando éstos correspondan a la ejecución derivada de un programa de carácter temporal. Estos fondos se distribuirán territorialmente a través de las comunidades, que a su vez podrán establecer los convenios necesarios con las entidades locales de su ámbito, de acuerdo con las diferentes realidades institucionales.
El documento establece, al respecto, que la distribución de los fondos entre las diferentes tipologías de proyectos deberá respetar los siguientes porcentajes: Bolsa de cuidado y la creación de empleo de calidad, mínimo 84%; y la acreditación de experiencia informal de cuidado, mínimo un 10%.
Desde el Ministerio señalan que se trata de una política pública feminista y de un proyecto ‘semilla’ para garantizar el derecho al cuidado en España y que el Estado se haga corresponsable por primera vez de la conciliación de las familias.
