UGT advierte en su último número de la revista ‘Unión’ de que la ley para la regulación de las plataformas digitales, conocida como ‘Ley de Riders’, «va camino del naufragio», pues la mesa de diálogo social que la negocia «está fracasando en su objetivo».
En este sentido, el sindicato critica la actitud de CEOE y Cepyme, a las que acusa de haberse sentado a la mesa «para que nada cambie». «Su única aportación han sido maniobras dilatorias», se queja UGT.
Pero no sólo cuestiona la actitud de las patronales, también del Gobierno por rebajar «el calado de sus propuestas, retirándose a sí mismo el apoyo que previamente se había dado». «El Gobierno ha pasado de liderar el proceso de ordenación de las plataformas digitales en el entorno europeo a situar sus posiciones muy por debajo de las que manifiesta, por ejemplo, la Comisión Europea», denuncia.
El sindicato recuerda que el diálogo social sobre plataformas digitales se inició acordando que, en el ámbito de la negociación, estarían incluidas las plataformas digitales de reparto y todas aquellas que utilizasen fraudulentamente la figura del trabajador autónomo, en la línea que había marcado el Tribunal Supremo en su sentencia de 25 de septiembre sobre Glovo.
El Gobierno asumió entonces el planteamiento sindical de crear un registro de plataformas digitales que permitiese conocer la realidad de las mismas, así como buena parte de las demandas de UGT y CCOO, mientras que CEOE y Cepyme, en los cinco meses de negociación, no han presentado aún ninguna propuesta escrita, relata UGT.
El sindicato subraya que tras una primera reunión en la que las patronales aceptaron abordar el ámbito de regulación planteado, «a partir de la segunda empezaron a cuestionar diferentes aspectos de las propuestas que ya habían sido aceptadas por el Gobierno, aduciendo por ejemplo que los algoritmos estaban protegidos por el secreto industrial, confundiendo deliberadamente los algoritmos laborales con los ligados a la producción».
Según UGT, CEOE y Cepyme han alegado «problemas internos» para aceptar estas medidas porque las propuestas sindicales «amenazaban a empresas que, según ellos, cumplían la ley, porque las plataformas más conocidas les estaban presionando y porque las agencias de colocación se habían dado por aludidas».
Es entonces, denuncia el sindicato, cuando «sorpresivamente» el Gobierno empieza a cambiar de rumbo, expondiendo que el registro de plataformas era competencia de otros ministerios y que el ámbito de la negociación no podía ir más allá de las plataformas identificadas en las sentencias del Tribunal Supremo y otros tribunales.
«Todo empezó a importar más que la situación de trabajadores que estaban desempeñando su trabajo como autónomos cuando deberían ser trabajadores por cuenta ajena», lamenta UGT.
UN DOCUMENTO QUE «CABE EN UN POST-IT»
El sindicato explica que a finales de noviembre el Gobierno presentó un texto en el «desapareció casi todo: adiós al registro, a la infracción, a la información a los trabajadores, y a extender la regulación al conjunto de plataformas que utilizan a trabajadores de manera fraudulenta». «Cuantitativamente, se pasó de una propuesta de cuatro páginas, armada, mejorable, a otra que apenas ocupaba una página y de la que la patronal aun pedía eliminar más cosas», critica.
Antes de acabar el año, UGT y CCOO presentaron una propuesta sindical conjunta para intentar reconducir la negociación, que fue recogida por el Gobierno en parte en un nuevo texto presentado el 20 de enero.
En él se introdujo por primera vez en el Estatuto de los Trabajadores (ET) la obligación de que la representación legal de los trabajadores tenga que emitir informe previo sobre los sistemas de organización y control del trabajo, incluyendo los derivados de cálculos algorítmicos, y en la disposición final del ET se propone mencionar por primera vez a las plataformas como intermediarias de servicios y su condición de empresa cuando ejercen el poder de dirección y organización y hay indicios de ajenidad y dependencia.
Aunque los sindicatos valoraron positivamente el texto plantearon mejorarlo añadiendo la obligación de informar a la representación legal de los trabajadores sobre los algoritmos utilizados por las empresas que tuvieran repercusión en las condiciones de trabajo, acceso o mantenimiento del empleo, y aclarar que el texto englobaba a todas las plataformas digitales que fraudulentamente usan la figura del trabajo autónomo y no sólo a las de reparto o distribución.
Fue entonces, según UGT, cuando la CEOE dijo que sólo podría acordar el texto sobre la base de que la regulación fuera exclusivamente para las plataformas de reparto y distribución, sin posibilidad alguna de ser interpretada de otra manera. «A partir de ahí, el Gobierno dejó de lado su anterior propuesta, señaló su coincidencia con la patronal y dio por cerrada la mesa anunciando la presentación de un documento de síntesis», resume el sindicato.
Así se llega a la reunión del 23 de febrero: «con el Gobierno asumiendo todas las posiciones de las organizaciones empresariales y éstas tratando de hacer desaparecer los escasos vestigios de regulación que quedan en un documento de trabajo cuyo contenido cabe en un post-it», concluye UGT.
El sindicato señala que mientras la mesa de diálogo social sobre plataformas atravesaba «todas esas turbulencias», el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminaba que los trabajadores de Uber son asalariados y la Justicia italiana multaba con 700 millones a las plataformas de reparto Glovo, Just Eat, Deliveroo y Uber Eats, obligándolas a regularizar como trabajadores asalariados a 60.000 repartidores y repartidoras.
Además, la Comisión Europea ha abierto la primera fase de consulta a los interlocutores sociales europeos sobre cómo mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan a través de plataformas digitales.
