Las empresas españolas necesitan ayudas directas por parte del Gobierno con carácter inmediato para garantizar su supervivencia, según han señalado expertos del Observatorio de la Realidad Financiera (Orfin), la cátedra universitaria de la Universidad de Alcalá (UAH) y Thinking Heads.
Esta afirmación ha sido realizada durante un encuentro en el que han participado el presidente de la Confederación de Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, el catedrático de Análisis Económico en la Universidad de Granada, Santiago Carbó, y el economista presidente del Consejo Asesor de Orfin, Daniel Lacalle. Como moderadora del acto estuvo Laura Marcos, gerente de Consultoría de Thinking Heads.
El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva ha explicado que «el Gobierno ha anunciado un plan de 11.000 millones para la solvencia y una semana después no se sabe qué requisitos se van a pedir, para quién irán estas ayudas, que vehículo se utilizará y para qué producto».
Cuerva ha advertido de que «una única medida, la condonación de los créditos ICO no es suficiente» y ha expuesto una batería de actuaciones que Cepyme considera fundamentales en estos momentos. Entre estas medidas se encuentran las ayudas directas a microempresas, préstamos participativos con interés bonificado y algún tramo que no fuera reembolsable para empresas con balances más consolidados o «incentivos para invertir en la pyme, para entidades que inviertan en capital en la empresa».
También ha hablado de medidas fiscales e incentivos para que las empresas tengan aliciente en fusionarse, porque algunas no pueden continuar en esta situación.
LA CONDONACIÓN DE DEUDAS NO SIRVE PARA SALVAR EMPLEOS
Para Cuerva, «una semana es una vida para las empresas. La condonación no es la solución para salvar la mayor cantidad de empleos». Además ha alertado de que la deuda de las administraciones españolas con las empresas están cifradas en 69.000 millones de euros. Y si se bajara al nivel de Europa «inyectaríamos 30.000 millones a las empresas.
Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros, así como director ejecutivo del Observatorio de la Digitalización Financiera de Funcas, ha indicado que se llega «tarde, y 11.000 millones no son suficientes» para resolver la situación del tejido empresarial español.
Además ha advertido del riesgo que podría entrañar este plan para el sistema financiero, que está apoyando a las empresas desde el inicio de la crisis. Ha criticado la descentralización de la gestión de la crisis, sin que exista un plan de vertebración común y también «demasiada espera pendientes del Next Generation, las ayudas directas de la EU».
Santiago Carbó ha señalado que las empresas necesitan ahora «rebajas fiscales y ayudas directas» después de un año de pandemia. Ha apuntado que España ha gestionado peor la crisis que otros países, incluido Portugal, porque «no existe un plan de país claro en áreas como investigación, ciencia, digitalización y energía». Y, además, ha recordado que cuando se produzca la salida de la crisis, las empresas deberán enfrentarse de nuevo a la asignatura de la competitividad.
También ha advertido que existe una «necesidad de seguir actuando ahora, sin esperar a los fondos» que puedan llegar, una idea con la que ha coincidido Gerardo Cuerva, cuando ha alertado de que «es muchísimo más productivo invertir en salvar a la empresa hoy que gastar mañana tras el cierre».
Por su parte, el economista y presidente del Consejo Asesor del (Orfin), Daniel Lacalle, ha indicado que «no hay que inventar nada. Todos los países líderes de nuestro entorno lo están haciendo. El Gobierno no quiere dar ayudas directas a las empresas porque piensa que van a malgastar estas ayudas. Tenemos que tener un plan económico para lo que dure la crisis. Para preservar el tejido empresarial y el empleo».
En este sentido, ha alertado de que no se debe caer en el mismo error que en el 2009. «No nos tenemos que preparar para cuando rebote, sino en el problema actual. No puedes gastar una cantidad enorme de dinero público a empresas que están en quiebra» y luego dar subvenciones a otras que están funcionando bien.
«En esta crisis, las empresas que se están viendo afectadas son las que estaban haciendo bien los deberes. Pequeñas y medianas empresas y microempresas que no tenían deudas», ha señalado Daniel Lacalle, quien ha advertido de que España no lo puede haber hecho bien cuando «más de 100.000 empresas han caído, mientras en Portugal han aumentado en 3.000».
La persistencia en mantener los impuestos constituye el gran error del Gobierno para Lacalle, porque «la mejor política social es defender y mantener a las empresas. La obsesión del Gobierno por el endeudamiento se soluciona solo si se protege a las empresas para que los ingresos fiscales se incrementen».
«No son ayudas, sino una compensación por una decisión del Gobierno de cerrar la actividad». También ha indicado que todos los trámites administrativos resultan mucho más sencillos en Europa que en España.
«NO RESCATAR A EMPRESAS ZOMBIES»
También ha criticado que «las empresas que están cayendo son las que lo estaban haciendo bien y se está rescatando a empresas zombies», para recordar a continuación que los problemas «tienden a acelerarse cuando se acaban las crisis y el problema de solvencia es el mismo, porque si los impuestos y los costes son los mismos y la actividad se encuentra al 30%, se produce la muerte de empresas por capital circulante».
Entre las recetas que ha propuesto para la actual situación, destaca que el sector privado participe en la inversión en pymes, la exoneración de impuestos durante el tiempo que la empresa se vea forzada a cerrar y la reducción de las cuotas sociales, además de «repagar la deuda de las administraciones públicas con las empresas.
«Estamos viendo empresas que cierran y a las que las administraciones les deben 150.000 millones y que no deberían cerrar. No podemos continuar con esta retórica con eso de aguanta, que dentro de un mes irá mejor», ha concluido.
