Amnistía Internacional ha valorado positivamente el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual «por abordar por primera vez con un enfoque integral la violencia sexual y por poner en el centro el consentimiento de la mujer» pero ve «margen de mejora».
«Es una buena noticia contar dos años después con un Anteproyecto de ley que incluye algunas de las principales peticiones de la organización relativas a la prevención, detección, investigación, sanción y reparación de las víctimas de violencias sexuales de forma integral», ha declarado la responsable de política interior de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez.
Además, ha destacado que este anteproyecto llega dos años después del informe ‘Ya es hora de que me creas’, con el que Amnistía Internacional quiso poner la violencia sexual en la agenda política, denunciando «la falta de recursos para las víctimas de violencia sexual y la desigual atención que éstas recibían en las distintas comunidades autónomas».
Entre los puntos positivos de la ley, Amnistía Internacional destaca que se ponga el consentimiento en el centro, aunque espera «que se pueda mejorar la propuesta de reforma del Código Penal para evitar interpretaciones que pudieran menoscabar los derechos de las mujeres».
También aplaude el reconocimiento del derecho a la asistencia integral especializada y accesible para las víctimas de violencia sexual a través de la creación de Centros de Crisis que atiendan a las mujeres víctimas de violencia sexual las 24 horas del día, todos los días de la semana, tal y como recomienda el Consejo de Europa.
Igualmente, valora positivamente que se prioriza formación con enfoque de género a los agentes «para hacer frente a estereotipos y prejuicios que pudieran perjudicar a la mujer si decide iniciar una demanda judicial».
Asimismo, celebra el impulso de reformas como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Estatuto de la Víctima «para evitar la revictimización» de las víctimas en el proceso penal. Además, destaca el reconocimiento del derecho a la reparación.
Si bien, también observa algunos «desajustes importantes». En concreto, dice que, si bien la reforma del Código Penal que propone el Anteproyecto es más acorde a los estándares internacionales, «sigue contando con aspectos poco definidos como la contemplación de que el Tribunal pueda aplicar una rebaja punitiva en base a un concepto tan impreciso como el de ‘la entidad menor del hecho'».
«A lo largo de estos años, hemos visto el impacto en las mujeres víctimas de violencia sexual de la interpretación judicial, en muchos casos cargada de estereotipos, y cómo estas interpretaciones las han revictimizado. Nos preocupa que la utilización de un concepto jurídico tan indeterminado contribuya aún más a que los tribunales realicen interpretaciones estereotipadas», ha indicado Virginia Álvarez.
Asimismo, aunque considera una buena noticia que no se exija una denuncia o una condena para que haya reconocimiento de violencia sexual, cree que esta medida debe ser «una oportunidad para armonizar toda la legislación y garantizar que todas las víctimas de violencia acceden al máximo estándar de protección».
«Es necesario asegurar que no se están creando ‘clases de víctimas’ con diferentes reconocimientos de derechos y diferentes mecanismos de acceso a servicios y ayudas», ha añadido Álvarez.
También pide que se aclare cómo se implementará la Ley, una vez aprobada, teniendo en cuenta la competencia de las comunidades autónomas en muchos ámbitos que afectan a la misma.
A día de hoy, según la ONG, la atención a las víctimas de violencia sexual sigue siendo «desigual» en las diferentes CCAA. Asturias y el Ayuntamiento de Madrid cuentan con centros de crisis; y diez comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Murcia) ofrecen asistencia coordinada y permanente.
«El Anteproyecto debería incidir en la necesidad de recursos, acompañados de presupuestos específicos y suficientes, que deberían ponerse en marcha para garantizar una asistencia igualitaria», ha puntualizado la responsable de relaciones institucionales de Amnistía Internacional España, Verónica Barroso.
Otras ausencias que destacan son: que «no se tipifica como tortura la violencia sexual cometida con aquiescencia de agentes estatales»; que «no se contemplan medidas específicas para la protección de víctimas menores de las personas de su entorno»; y que «aunque se menciona a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, siguen sin contemplarse aspectos relevantes sobre su protección como, por ejemplo, su detección e identificación».
Amnistía Internacional ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados más de 140.000 firmas, que apoyaron el manifiesto ‘#NoConsiento. Basta de obstáculos a las víctimas de la violencia sexual’ que contó además con la adhesión de 338 organizaciones.
«Con estas firmas, recordamos a diputados y diputadas que en sus manos está aprobar una ley eficaz que garantice la prevención, la protección, el acompañamiento y la reparación de todas las víctimas de violencia sexual», subrayan.
