Un informe de los servicios jurídicos del Parlamento Valenciano recuerda que los diputados tienen derecho a recabar documentación de la Generalitat y de sus instituciones públicas, con lo que «no corresponde a Les Corts negar la tramitación» de las solicitudes a la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) y es competencia de este organismo «tomar las medidas oportunas» para garantizar el respeto a los derechos fundamentales que puedan entrar en conflicto en la entrega de sus expedientes.
Así lo recoge este documento firmado por el letrado mayor tras la petición de amparo del director de Antifraude, Joan Llinares, por las sucesivas peticiones del PP, algunas relacionadas con expedientes de investigación a empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del ‘president’ de la Generalitat. Hace un mes, Llinares remitió un escrito al ‘president’ de Les Corts, Enric Morera, donde pidió el amparo de la cámara y proponía reformar el artículo 12 del reglamento de la cámara para incluir que los diputados no puedan pedir a Antifraude informes sobre investigaciones abiertas.
A raíz de esta petición, los letrados de Les Corts afirman que la vigencia del artículo 12 «no es desplazada» por las previsiones de la ley de 2016 que creó la Agencia Antifraude, por lo que «la Presidencia de Les Corts no dispone de cobertura normativa suficiente para no tramitar las solicitudes presentadas».
Tampoco observan «duda o laguna reglamentaria» en las solicitudes de documentación dirigidas a la AVAF, con lo que «no hay habilitación para dictar una resolución con el objeto de limitar las facultades reconocidas en el artículo 12». «Corresponde a la Agència tomar las medidas (…) para garantizar el respeto a los derechos fundamentales que puedan entrar en conflicto con el de participación», exponen.
BONIG: «NO VAMOS A DESISTIR»
A raíz de este informe, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha vuelto a exigir que Antifraude entregue el expediente sobre las ayudas al valenciano a empresas de socios de Francis Puig y ha vuelto a acusar a la agencia de «querer poner trabas a la investigación sobre el clan Puig: un expediente en relación a un tema y a una familia concreta».
Cuando ponen tantas trabas nos preguntamos qué habrá en esos expedientes que al final nos los tendrán que entregar», ha afirmado en rueda de prensa tras la junta de síndics, para exigir a la AVAF que cumpla la ley y defender que a su partido no le queda «otra opción» que ir a los tribunales. Es más, ha recordado que el PP lleva 130 recursos interpuestos en el TSJCV por no recibir documentación y «por vulneración de derechos fundamentales».
Bonig ha comparado esto con lo que pasaba cuando su partido estaba en el gobierno y aceptaban «estoicamente» que los socialistas y Compromís acudieran a la justicia. «En algunos casos acabó en condena, pero muchos se archivaron y nadie ha pedido perdón», ha recalcado.
También ha negado lo que dijo la vicepresidenta portavoz del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, de que les dan toda la documentación, algo que cree que debe saber porque es abogada y que «hacen para evitar que el TSJ les condene». Y sobre todo ha afeado que «utilice este fraude de ley el gobierno de ‘fora la opacitat’ y el que se ha pasado por todos los platós de televisión pidiendo transparencia».
«No vamos a desistir», ha prometido la ‘popular’ sobre los expedientes relacionados con Francis Puig, para preguntarse qué habría pasado si ella o alguien del PP hubiera pedido amparo a Les Corts. Y ha apostillado que no van a «permitir que se transmita la sensación de que el PP solo quiere boicotear».
«FILIBUSTERISMO PARLAMENTARIO»
Por contra, el síndic socialista, Manolo Mata, ha tachado estas peticiones de «filibusterismo parlamentario» y ha recordado cuando gobernaban y «era imposible acceder a un expediente y todo era confidencial«, mientras «ahora eso ha cambiado radicalmente. Ha puesto como ejemplo que «el PP pidió la caja fija de todas las universidades valencianas y el gobierno se gastó 1.200 euros escaneando y haciendo fotocopias».
También ha asegurado que el PP luego «no aprovecha para nada» la mayoría de esta documentación y ha recordado que el TSJCV impidió en su día que este partido accediera al plan fiscal de la Agencia Tributaria Valenciana para que no «avisara a los defraudadores», además de defender el reconocimiento internacional de Antifraude.
En este contexto, se ha preguntado si la portavoz adjunta ‘popular’, Eva Ortiz, quiere «cargarse» la agencia con sus peticiones y ha advertido que «solo el hecho de pedir documentación puede reventar las investigaciones en curso». «Es algo muy preocupante y Les Corts deberán tomar medidas», ha defendido, como reformar el reglamento para que no se vulneren derechos fundamentales al igual que establece el del Parlament de Catalunya.
El ‘número dos’ del PSPV también ha advertido que hay una «colisión» entre el derecho a la presunción de inocencia y a no desvelar los testigos protegidos, por lo que no son datos que «se pueden facilitar así como así porque se estaría acabando con la persona que destapa algo». «Si Antifraude tiene previsto entrar en una administración o una empresa, ¿es normal que una diputada lo sepa? ¿Para avisar a los ladrones?», ha ilustrado.
A su juicio, todos los intentos del PP demuestran «un uso perverso de la ley», lo que le lleva a preguntarse «qué investigación quieren reventar». «En términos políticos, esto es un drama, su responsabilidad política debería ser proteger la agencia, no reventarla», ha aseverado, para deslizar si «es una cortina de humo para acceder a expedientes vinculados a Orihuela o Torrevieja».
