El Congreso ha aprobado este martes por unanimidad la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para favorecer la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, que pasará ahora al Senado para completar su tramitación. Únicamente si allí se efectúan cambios volverá a la Cámara Baja, que tendrá la última palabra sobre los mismos.
La iniciativa, un proyecto de ley impulsado por la vicepresidencia de Asuntos Económicos y Transformación Digital, ha salido adelante con los votos del PSOE, el PP, Vox, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos y el PDeCAT.
Durante el debate de la iniciativa, el diputado del PSOE Diego Taibo ha celebrado las mejoras que recoge la ley para mejorar la financiación a largo plazo y la transparencia de las sociedades, señalando que son aquellas que priorizan estrategias a largo plazo las que más integran objetivos como el bienestar de sus trabajadores o la protección medioambiental.
Por el PP, Miguel Ángel Castellón ha mostrado su satisfacción por la negociación desarrollada con el Gobierno, si bien cree que la regulación de las Juntas a distancia podría haber logrado más transparencia y operatividad.
Txema Guijarro, de Unidas Podemos, ha reconocido que le hubiera gustado avanzar más para un mayor protagonismo de los trabajadores en las empresas, nivel accionarial incluido, pero que finalmente el Ministerio de Asuntos Económicos «se quiere mover más despacio».
Por Vox, Rubén Manso le ha advertido de que «no son todo bondades en el capitalismo laboral» y de que esa patrimonialización de la empresa puede conllevar una «concentración de riesgos excesivos» para el trabajador.
Finalmente, el PDeCAT ha celebrado la inclusión de enmiendas para ampliar el plazo para el ejercicio de suscripción preferente de los accionistas (de 10 a 14 días), el derecho a conocer la identidad de los accionistas sin depender del nivel de participación, la exigencia de publicación a los asesores de voto del código deontológico y la inclusión de información económica y empresarial en su informe anual. También se adapta a sentencias judiciales la normativa de remuneración de consejeros.
REGULACIÓN DE LAS JUNTAS TELEMÁTICAS
Durante su paso por la Comisión, los grupos han rechazado todas las enmiendas que quedaban ‘vivas’, limitándose así los cambios a los introducidos en ponencia. Más de cincuenta enmiendas aprobadas de una sola tacada del PSOE, el PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, el PDeCAT y hasta una enmienda transaccional con Vox, que verá plasmada así una aportación en una ley del Gobierno de coalición negociada desde la vicepresidencia de Asuntos Económicos, que dirige Nadia Calviño.
Entre los cambios introducidos por los grupos está la regulación de las juntas de accionistas de las sociedades cotizadas de manera exclusivamente telemática, una posibilidad ya recogida en los primeros compases de pandemia y para la cual el PSOE propuso una regulación concreta, aunque con más requisitos para asegurar la interacción en tiempo real y una participación y seguimiento efectiva de la junta.
Por otro lado, también a propuesta del PSOE, se modifica la regulación sobre la política de remuneraciones, la información se propone sobre el número de acciones con voto doble existentes –deberá comunicarse a la CNMV cualquier cambio en plazo máximo de cuatro días– y también endurecer las condiciones de una OPA de exclusión.
POLÍTICA DE REMUNERACIÓN Y EXIGENCIAS DE INFORMACIÓN A LOS FONDOS
En lo que respecta a la política de remuneración, se busca clarificar que el consejo de administración tenga que proponer a la Junta su propuesta de cambio de política antes del cierre del ejercicio anual en el que acabe la política anterior, y también que se contemple expresamente que la Junta de accionistas pueda determinar que la nueva política se comience a aplicar de manera inmediata.
Por otro lado, también se rebajan a propuesta del PSOE las obligaciones de información sobre gobierno corporativo a los fondos de inversión, a los que se extiende el régimen simplificado, eximiéndoles así de la publicación de su informe anual de gobierno corporativo.
SE ENDURECEN LAS EXCLUSIONES DE BOLSA
Sobre las OPAs de exclusión, los grupos han acordado a propuesta del PSOE endurecer la posibilidad de que una sociedad saque de la negociación en Bolsa a una empresa, al elevar al 75% el capital necesario alcanzado en la operación.
Todo ello con el fin de evitar que un ofertante sitúe a los accionistas en la tesitura de tener que vender sus acciones ante la perspectiva de quedarse como propietarios de una sociedad no cotizada, independientemente del resultado de la oferta e incluso sin que llegue a alcanzar el 50% del capital.
OPERACIONES VINCULADAS Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Por otro lado, en virtud de un acuerdo con el PP y Vox, se ha incluido no considerar como operaciones vinculadas aquellas que realice una sociedad con sus sociedades dependientes o participadas siempre que ninguna parte vinculada a la sociedad tenga intereses en dichas entidades dependientes o participadas.
Asimismo, el proyecto de ley incorpora, a propuesta de Unidas Podemos, una modificación del Código de Buen Comercio, con el fin de incorporar a las obligaciones de información de las empresas los mecanismos y procedimientos con los que cuenta la empresa para promover la implicación de los trabajadores en la gestión de la compañía, en términos de información, consulta y participación.
En un inicio, el grupo confederal planteó que las sociedades con más de 50 trabajadores dispusieran de un plan para fomentar la implicación de los trabajadores, habilitando su acceso a un mínimo del 10% del capital social.
Sin embargo, el texto finalmente incluido, a través de un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, queda en desarrollar la regulación del estado de información no financiera para detallar qué mecanismos cuenta la empresa para este fin, sin obligar a contar con mecanismos de este tipo.
