La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, se ha reunido este lunes «a iniciativa propia» con el representante del Gobierno de Nicolás Maduro en Madrid después de que el mandatario venezolano diera orden de revisar las relaciones con España.
Según han informado fuentes diplomáticas, Gallach ha trasladado al encargado de negocios venezolano, Mauricio Rodríguez Gelfenstein, la «decepción» del Gobierno por la expulsión de la embajadora de la UE en Caracas decidida la semana pasada.
Asimismo, la secretaria de Estado ha aprovechado para indicarle que actuaciones como esa o las declaraciones de Maduro tras la visita de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, a la frontera entre Colombia y Venezuela «no favorecen que pueda concretarse el interés de España y de la Unión Europea de ser actores constructivos en la salida de la crisis».
La reunión, sobre la que la Embajada venezolana en Madrid no ha querido hacer comentarios, se ha producido dos días después de que Maduro diera orden de «revisar a fondo todas las relaciones con España». El mandatario echó en cara a González Laya su visita a la frontera con Venezuela junto a la canciller colombiana, Claudia Blum, para conocer de primera mano la situación de los migrantes venezolanos.
¿Qué hace la canciller de España en la frontera colombo-venezolana, en vez de irse al Mediterráneo a buscar a los refugiados y a la gente que huye de África y se muere en el Mar Mediterráneo? ¿Por qué la canciller de España viene a meterse en los asuntos de Venezuela?», señaló, acusando a la ministra de «injerencia» y de «doble rasero».
ACUSACIONES DE GOLPISMO
La visita de González Laya ya había suscitado críticas por parte del Gobierno de Maduro desde que se conoció una semana antes. Así, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, denunció que el Gobierno de Pedro Sánchez articula con el presidente colombiano, Iván Duque, «planes golpistas y desestabilizadores contra Venezuela desde Colombia».
La propia ministra salió al paso de estas acusaciones, defendiendo que «el Gobierno de España no se dedica a actividades golpistas ni en Latinoamérica ni en ningún otro lugar del mundo», y tras las palabras del sábado de Maduro contra ella, se limitó a reclamar «respeto», defendiendo el objetivo de su visita, que no era otro que respaldar a Colombia en el proceso de paz y también en su acogida de 1,7 millones de venezolanos.
Este rifirrafe a nivel bilateral también se ha visto acompañado de otro a nivel europeo. El lunes pasado, la UE decidió ampliar las sanciones contra dirigentes implicados en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela, cuyo resultado los Veintisiete no reconocen.
En respuesta, Caracas decidió el miércoles expulsar a la embajadora de la UE, a la que dio 72 horas para abandonar el país si bien, su salida aún no se ha producido pero tendrá lugar «en los próximos días».
Además, el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, entregó notas de protesta a los representantes diplomáticos de España, Francia, Alemania y Países Bajos, denunciando que estos cuatro países actuaron «con mayor mala intención para fomentar nuevos ataques contra Venezuela».
MENSAJES CRÍTICOS CONTINUADOS
Pero al margen de estos dos últimos hechos, en las últimas semanas han sido varios los reproches enviados desde Caracas. Por una parte, las acusaciones han estado centradas en la supuesta complicidad de España, y principalmente del que fuera el embajador español en Caracas, Jesús Silva, en supuestas acciones violentas orquestadas por el líder opositor Leopoldo López, quien permaneció refugiado durante más de un año en la Embajada española antes de huir el pasado octubre a Madrid.
En este sentido, el propio Maduro dijo que el Gobierno español «se hace el sordo» frente a las pruebas que incriminarían en presuntas acciones violentas a Leopoldo López, recriminando al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, su «falta de coraje» para entregar a quien considera un líder «golpista».
Precisamente, a finales de enero, el presidente de la nueva Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, acusó a Leopoldo López de ordenar y planificar un ataque con bombas contra la sede del legislativo.
Rodríguez se refirió en particular a las gestiones realizadas por López durante los meses que pasó acogido en la Embajada española en Caracas, señalando expresamente al antiguo embajador, que dejó el cargo a principios de noviembre.
Según el dirigente chavista, Jesús Silva «fue el mayordomo de Leopoldo López mientras se encontraba en la residencia del embajador de España en Venezuela» y todos los delitos en los que participó el líder opositor «se planificó con la complicidad de Jesús Silva».
Ante estas acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores recalcó que el Gobierno español «no practica la injerencia en asuntos internos ni participa en la planificación de actos violentos y contrarios al ordenamiento interno de otros estados». Mientras estuvo al frente de la Embajada en Caracas, Silva actuó «siempre con arreglo a estos principios que rigen nuestra política exterior», se defendió.
Tanto Maduro como otros líderes chavistas han aprovechado los acontecimientos internos en España para poner en entredicho al Gobierno. Así, el propio mandatario se refirió al caso del rapero ‘Pablo Hasél’, que «ha alarmado a la comunidad internacional. «Solamente por cantar está preso», aseveró, defendiendo que el rap «es un género de música rebelde, crítica, necesaria».
Su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, sostuvo por su parte que es «imposible no expresar solidaridad» con Hasél tras «un caso incomprensible». «Ojalá haya reflexión por parte de las instituciones. Aunque si refugiaron y protegen hoy a un terrorista como Leopoldo López… ¿Qué les puedo decir?», escribió en Twitter.
