Directoras y Gerentes de Servicios Sociales han denunciado este lunes el «sufrimiento» y la «desesperación» de los más de un millón de solicitantes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) desde junio y urge al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a realizar cambios en el sistema.
A través de un comunicado, lamentan que el «mayor avance en protección social de los últimos tres lustros» se esté «desangrando» por «procedimientos complejos y una errática gestión» que, a su juicio, está «abocando al abandono a los doce millones de personas que malviven en la pobreza» en el país.
Entre sus argumentos, que las concesiones del IMV no llegan al 20% de entre las solicitudes presentadas, mientras un 60% ya se ha denegado. Del mismo modo, señalan que el Gobierno ya ha aprobado «cuatro decretos en ocho meses» para modificar situaciones que ya habían sido «advertidas previamente desde muchas instancias».
A su juicio, es necesario que Escrivá «abandone la vía de las modificaciones siempre parciales y cortoplacistas» y realice «un cambio inmediato y definitivo que integre las modificaciones ya producidas y las que todavía deben producirse enmendando el diseño» pero, a través de la ley que se está tramitando en el Congreso.
Para la entidad, hay que cambiar materias relacionadas con la cobertura de determinadas situaciones, los procedimientos y requisitos para la concesión y el posterior seguimiento.
PROPUESTAS
En concreto, quieren que el cálculo de la capacidad económica se realice sobre los ingresos del año en curso, eliminando así el límite del 50% de los ingresos del ejercicio anterior. Además, llaman a suprimir el padrón histórico colectivo porque, recuerdan, «la pobreza ocurre en el presente, su perentoriedad no es cuestión de caridad».
Entre sus propuestas también destaca la creación de una ‘pasarela automática’ para que, de oficio, se acceda al IMV desde las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas. Pero, además, llaman a poner en marcha un convenio que evite que las autonomías caigan en la tentación de dedicar los 1.600 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.
Estas medidas implicarían, según los cálculos de la entidad, que en menos de un mes, se alcanzase la mitad del objetivo que se había propuesto el gobierno de llegar a 850.000 hogares. En su opinión, se podría llegar a casi medio millón de familias beneficiarias en dicho periodo.
SIN NOTICIAS DE LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN
Las directoras y gerentes de Servicios Sociales urgen, del mismo modo, al Ministerio que dirige Escrivá a aclarar cuáles serán las medidas para la inclusión social que se han prometido y que deben acompañar necesariamente el despliegue del IMV.
«A día de hoy el Ministerio todavía no se ha pronunciado sobre la dimensión, la profundidad y las características concretas de esas medidas y como se implementarán con las políticas de inclusión de las comunidades autónomas», lamentan.
En este sentido, explican, la asociación está «dispuesta y deseosa» de colaborar con el Gobierno integrándose en los foros u órganos que éste considere oportunos para hacer aportaciones y asistir a los grupos parlamentarios en las enmiendas a la ley durante el debate en el Congreso.
