El empresario colombiano Carlos Mattos Barrero está ya esperando en su residencia en Madrid la notificación de la extradición a su país por un caso de soborno a una jueza que falló a favor de su empresa, Hyundai Colombia Automotriz, tras un arduo y largo proceso judicial con intervención de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo.
La extradición fue aprobada por el Consejo de Ministros del Gobierno de Estaña el pasado 16 de febrero y ha sido notificada este viernes al Ministerio de Justicia colombiano, según recoge el periódico colombiano ‘El Tiempo’.
Mattos habría pagado 200 millones de pesos (unos 48.000 euros) a una jueza de Bogotá con el fin de gratificarla por haber adoptado unas medidas cautelares favorables a los intereses de la compañía de la que era máximo accionista, Hyundai Colombia Automotriz, y asegurarse de que no cambiaría de postura.
De acuerdo con el relato aportado por las autoridades del país sudamericano, los hechos se remontan al 1 de diciembre de 2015, cuando se presentó solicitud de prueba anticipada en un despacho judicial (consistente en inspección judicial con exhibición de documentos y peritos) donde figuraba como demandante la compañía Hyundai Colombia Automotriz de Mattos y como demandada, la empresa Global Car World SAS.
En desarrollo de dicha inspección judicial, que se llevó a acabó el 29 de abril de 2016, la juez 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández Pérez, decretó dos medidas cautelares favorables a los intereses de Hyundai, señala el escrito.
A finales a ese mes o principios de junio un empleado judicial del mencionado despacho judicial, Dagoberto Rodríguez Niño, con quien se había concertado Carlos Mattos, visitó en su despacho a la jueza y le comentó que el empresario le enviaba dinero (50 millones de pesos), cantidad de la que unos días después le hizo entrega en una caja de zapatos sellada en un centro comercial.
«Dinero que recibió la señora Ligia del Carmen Hernández Pérez y continuó adelantando el trámite de la referida actuación judicial», apostilla la reclamación de extradición de las autoridades colombianas.
Poco después, Rodriguez Niño habría hecho entrega a la jueza de otros 50 millones en una clínica de la ciudad, a los que seguirían otros tres pagos más por la misma cantidad. De cada entrega, según lo declarado por este empleado judicial, la magistrada le daba 10 millones de pesos como recompensa.
«De los elementos materiales probatorios y evidencia física, se tiene que el señor Carlos Mattos entregó, valiéndose de la participación del señor Dagoberto Rodríguez Niño, la cifra de 200 millones de pesos a la señora Ligia del Carmen Hernández Pérez, no solamente con el objeto de gratificarla por haber adoptado unas medidas cautelares favorables a los intereses económicos de Hyundai Colombia Automotriz SA, tal como quiso hacerlo ver, sino también para asegurar ilegalmente que, mientras ella tuviese la dirección de la actuación, no variaría su postura sobre las mismas», señalan las autoridades reclamantes.
La jueza fue condenada a 20 meses de prisión, pero en el proceso solo se acreditó que recibió durante su trabajo en el despacho judicial un soborno por 30 millones de pesos. En el conocido como caso Hyundai ya hay once personas imputadas y ocho de ellas ya han aceptado cargos ante la justicia colombiana.
