El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, se ha visto obligado a incluir en el orden del día del Pleno de este jueves los ocho nombramientos de cargos judiciales que decidió paralizar ante la posibilidad de un inminente acuerdo entre el Gobierno y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, después de que ocho vocales solicitaran por escrito este martes su debate.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial señala en su artículo 18.5 que los vocales del órgano de gobierno de los jueces tienen derecho a formular propuestas escritas y a su inclusión en el orden del día de las reuniones del Consejo.
Por ello, Lesmes ha acordado llevar finalmente los nombramientos al Pleno de este jueves, lo cual no significa una «rectificación», sino que lo hace en atención a dicho artículo del Reglamento, han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press.
Lesmes decidió no meter en el orden del día del próximo Pleno los nombramientos pendientes –entre ellos, tres vacantes en el Tribunal Supremo– ante la posibilidad de que el Gobierno y el PP alcancen un inminente acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
Así, según indicaron las fuentes consultadas, por coherencia con las dos ocasiones anteriores en las que parecía que las negociaciones para renovar a los vocales iban a salir adelante, en enero y julio del año pasado, el presidente del CGPJ optó por no incluir en el orden del día este punto.
SOLICITUD FORMAL DE OCHO VOCALES
Sin embargo, ocho vocales pertenecientes tanto al bloque conservador como progresista discrepan de esta postura, por lo que presentaron este martes por la tarde un escrito solicitando formalmente que los ocho nombramientos pendientes, cuya calificación ya ha sido realizada por la Comisión Permanente, se llevaran al Pleno para su discusión.
Para ello, invocaron el artículo 35 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial establece que si al menos cinco vocales solicitan la discusión de un asunto, el presidente debe convocar al Pleno en los tres días siguientes a la presentación de la solicitud –que en este caso coincidía con la sesión plenaria del jueves–, e incluir el tema propuesto en el orden del día.
Los ochos vocales que realizan esta propuesta pertenecen tanto al bloque progresista como al conservador. Se trata de José María Macías, Vicente Guilarte, José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona, Gerardo Martínez-Tristán, Roser Bach, Enrique Lucas y María Victoria Cinto.
«LA POTESTAD DE NOMBRAR ES DEL PLENO»
Según han explicado las fuentes consultadas por Europa Press, este grupo de vocales consideran que la decisión de debatir o no los ocho nombramientos pendientes es del Pleno y no únicamente del presidente. «La potestad de nombrar o no nombrar la tiene el Pleno», subrayan.
En este sentido, apuntan que es el Pleno el que debe valorar la situación de si seguir adelante con los nombramientos o esperar a ver si finalmente las partes que están negociando la renovación de la institución llegan a un consenso o vuelven a paralizarse, tal y como ocurrió en enero y julio del año pasado cuando las negociaciones fueron frustradas.
Por otro lado, el presidente del CGPJ también habría tenido en cuenta la división que existe dentro del seno del Pleno, ya que no todos los vocales están de acuerdo en hacer nombramientos de cargos discreccionales.
Las fuentes consultadas recuerdan que todos los nombramientos de cargos judiciales que se han aprobado durante el tiempo que el CGPJ lleva en funciones –desde el 4 de diciembre de 2018– se han realizado con el voto a favor de la mayoría de los vocales, algo que podría no darse en la reunión del jueves.
El Pleno tenía previsto designar a dos nuevos magistrados de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo –vacantes por la jubilación de sus dos titulares– y otro en la Sala de lo Social del alto tribunal. También pretendían nombrar a los presidente de los tribunales superiores de Justicia de Canarias y País Vascos y de las audiencias provinciales de Almería y Salamanca, además de un magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
