El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha señalado la importancia para el Gobierno de que cualquier reforma en la política de movilidad que introduzca el peaje por uso en las autovías, algo que ocurre en gran parte de los países europeos, se lleve a cabo a través del consenso político, económico y social.
Así lo ha trasladado el secretario de Estado del Ministerio, Pedro Saura, durante su intervención en un acto ‘online’ organizado por el Consejo General de Economistas para explicar el efecto que tendrán los fondos europeos en la movilidad y la regeneración urbana del país.
Pese a que Saura no ha trasladado la opinión del Ejecutivo respecto a la introducción de peajes en las carreteras españolas, sí que se ha referido a que esta política tendría que contar con el consenso de todos los agentes involucrados.
«De lo contrario no se producirá o no será sostenido en el tiempo, como ha pasado con otras políticas tan importantes como la reforma de las pensiones», ha señalado el secretario de Estado, llamando al consenso político.
No obstante, sí que ha pedido al resto de fuerzas políticas que tengan en cuenta que, una vez las autopistas pasan al control del Estado, los gastos de conservación de las carreteras también pasan a formar parte de los gastos incluidos en las cuentas públicas.
Por el momento, Saura ha indicado que no hay actualmente consenso político para mantener el peaje, por lo que habría que plantear distintas fórmulas para llevar a cabo la conservación de las carreteras.
En próximo mes de septiembre, el tramo de la AP-7 entre la Junquera y Tarragona y el de la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo pasarán a manos del Estado y desaparecerán los peajes para todos los ciudadanos, una decisión que Saura ha confirmado y ha descartado que la concesión se vaya a prorrogar.
IMPACTO EN EL DÉFICIT DEL ESTADO
Según la patronal de la construcción Seopan, la introducción de peajes en la red de 14.130 kilómetros de autovías actualmente libres de pago en España generaría unos ingresos de 12.649 millones de euros anuales por tarificación.
Asimismo, solo Hacienda ingresaría 4.700 millones de euros por IVA, Impuesto de Sociedades e IBI cada año, mientras que el conjunto de las Administraciones Públicas obtendrían un pago inicial de 5.614 millones de euros y uno anual de 4.827 millones de euros durante un periodo de 25 años, así como un ahorro de 850 millones en conservación.
Según sus cálculos, el déficit anual generado por la reversión de las autopistas, que ya suma 1.907 kilómetros revertidos al Estado entre 2019 y 2021, alcanza casi 1.000 millones de euros, debido a la pérdida de recaudación fiscal y al aumento del gasto de conservación.
VIVIENDA Y RED FERROVIARIA
En materia de vivienda, Saura ha insistido en que el objetivo del Gobierno es que, a partir de 2030, se rehabiliten hasta 300.000 viviendas cada año, una asignatura que cree «pendiente» en el país.
Para ello, considera que las ayudas que el Ejecutivo concederá al sector, que alcanzarán el 6% del tamaño del sector de la construcción en el PIB (10%), irán encaminadas a crear dos nuevas industrias. Por un lado la de rehabilitación y, por otro, la construcción especializada en viviendas para alquiler asequible.
Respecto a la política ferroviaria, Saura ha recordado que España ha invertido 100.000 millones desde la década de los 80, de los que 65.000 millones corresponden a la Alta Velocidad y, a su vez, otros 15.000 millones al Corredor Mediterráneo, por lo que no cree que tenga sentido no continuar ahora con las obras para concluir lo que se empezó.
Por último, ha resaltado que cuanto antes se consiga que las vacunas tengan efecto en la inmunización de la población y se retome la actividad , mayor será el efecto multiplicador que los fondos europeos tendrán sobre la economía.
