Ex responsables del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) en la etapa 2007-2011 han asegurado este jueves, en la comisión política que lleva a cabo el Consell de Mallorca, que cualquier indicio de delito sexual sobre un menor se denunciaba.
En la reunión de este jueves estaban citados el director de Protección al Menor y Atención a la Familia entre 2007 y 2010, Gregori Estarellas, y su sucesor hasta el final de la legislatura, Antonio Muñoz; el presidente del IMAS entre 2007 y 2011, Jaume Garau, y la vicepresidenta en el mismo periodo, Josefina Ramis.
Muñoz, el primero en comparecer, ha explicado que estuvo sólo unos meses en la dirección insular y ha recordado avances en la atención a menores como mejoras en los centros residenciales, un convenio con el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) o programas de acogimiento familiar.
Muñoz también ha explicado que entonces no se categorizaba la explotación sexual infantil como tal sino que se trataba como maltrato infantil.
Cabe matizar que buena parte de las intervenciones se han centrado en la atención a menores víctimas de abusos sexuales que atendía el IMAS, y no expresamente en un detalle de casos de fugas de menores tutelados. En este sentido, Estarellas ha explicado que el 80 por ciento de los casos tratados por los técnicos eran abusos en el entorno familiar del menor.
UN CASO DERIVADO A LA PENÍNSULA
Respecto a casos de explotación sexual infantil en particular, Estarellas solamente ha mencionado que recuerda un caso en el que intervino la Policía, en el que se decidió derivar al menor afectado a un centro de la Península por razones de protección.
Asimismo, la exvicepresidenta Ramis ha declarado que las fugas de menores tutelados son «un indicador de que algo le pasa» a ese menor, y que es un fenómeno que «siempre ha estado ahí». «Cuando un menor se fuga en menos de 24 horas ya está denunciado el hecho en Policía», ha insistido.
Ramis también ha afirmado que la relación con Fiscalía de Menores y cuerpos y fuerzas de seguridad era «muy buena».
DECISIONES TÉCNICAS
Los comparecientes han remarcado, a preguntas de los grupos del Consell, que los expedientes concretos de cada caso no llegaban a los cargos políticos y que las decisiones las tomaban los técnicos.
«Creo que un político no debe ser conocedor de los informes y expedientes de los menores», ha dicho Ramis, que también ha añadido que como política «no podía saber si un caso u otro tenía que ir a Fiscalía» sino velar porque funcionase el sistema de forma adecuada. «No era mi responsabilidad el seguimiento de casos de manera individualizada», ha apostillado.
Además, los ex responsables consultados este jueves han coincidido en pedir que no se ponga el foco en las víctimas sino en los agresores, y han lamentado el daño a los menores por la exposición pública de estos casos. También han coincidido en apostar por mayor formación para detectar y actuar ante estos casos.
