Diez diputados de Unidas Podemos se han sumado a un manifiesto para solicitar al Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) que despliegue una operación humanitaria en el Sáhara Occidental para garantizar la protección de la población civil ante el deterioro de la situación en los últimos meses.
Según fuentes del partido morado, Antón Gómez Reino, Gerardo Pisarello, Enrique Santiago, Lucía Muñoz, Roberto Uriarte, Roser Maestro, Sofía Castañón, Antonia Jover, Pedro Honrubia y María Marquez han firmado el llamamiento hecho desde el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos (CODESA).
En el documento, se denuncia la reanudación del conflicto en el Sáhara Occidental el pasado 13 de noviembre y se alerta de que «el dramático deterioro de la situación expone al pueblo saharaui a nuevas violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional bajo ocupación marroquí».
CODESA sostiene en su llamamiento que en las últimas semanas han aumentado en el Sáhara Occidental «los casos de arrestos, detenciones y amenazas arbirtrarias contra defensores de los Derechos Humanos saharauis y las voces de disidencia contra las fuerzas de ocupación».
Asimismo, subraya que «más que nunca los derechos fundamentales de los saharauis «a la vida, la seguridad física y la seguridad personal, además de la restricción de derechos y libertades básicos, están amenazados».
Por ello, los firmantes piden al CICR que despliegue «cuanto antes una operación humanitaria» en este territorio tras casi dos décadas de ausencia «con el fin de brindar protección urgente a los civiles saharauis y garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
El documento justifica esta petición teniendo en cuenta la situación jurídica de la antigua colonia española y «el hecho de que a los observadores internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se les niega continuamente el acceso al Sáhara Occidental».
La tensión entre Marruecos y el Frente Polisario, que gobierna la autoproclamada República Áraba Saharaui Democrática (RASD), desde que Rabat desplegó en noviembre al Ejército en El Guerguerat, fronteriza con Mauritania, para garantizar la libre circulación tras semanas de bloqueo por parte de activistas saharauis y de «provocaciones» atribuidas desde Rabat al Frente Polisario, que a su vez considera «ilegal» dicho paso.
El Sáhara Occidental figura como territorio no autónomo para Naciones Unidas, a la espera de un acuerdo pactado –o incluso de un referéndum– que no termina de llegar. El Gobierno español insiste en la necesidad de que se retome el proceso de negociación auspiciado por la ONU, bloqueado por el hecho de que no hay nuevo enviado especial para el Sáhara Occidental, desde hace 18 meses.
La decisión del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer como marroquí el Sáhara Occidental el pasado diciembre a cambio del restablecimiento de relaciones entre Marruecos e Israel ha contribuido a tensar aún más la situación.
