Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Málaga un entramado criminal de empresas conniventes, al que atribuyen delitos de estafa por importe de 700.000 euros a tres entidades bancarias, mediante el cobro fraudulento de recibos. La denominada Operación Cornete se ha saldado con 12 personas detenidas por su presunta implicación en los delitos de estafa y blanqueo de capitales.
Según las actuaciones, la organización criminal había constituido un entramado societario –siete sociedades en total-, sin actividad laboral real, que contrató servicios de gestión de remesas de recibos, a tres entidades bancarias distintas, siendo el sistema aprovechado para perpetrar el fraude.
La Operación Cornete se inició a raíz de que un representante de un banco, en Málaga, denunciase haber sufrido una estafa de 57.000 euros después de contratar con los administradores de una sociedad un servicio de gestión para el cobro de recibos a diferentes clientes.
Según los hechos denunciados, una vez que la entidad bancaria ejecutaba las órdenes de cobro, la sociedad recibía el dinero de sus clientes y lo retiraba de su cuenta bancaria posteriormente.
Por su parte, antes de la fecha de vencimiento –56 días por normativa–, los clientes devolvían en cascada los recibos, consiguiendo que el banco reingresara, cumpliendo la normativa vigente, el importe a sus cuentas; una situación que generaba un descubierto y por tanto un perjuicio económico para los bancos.
El Grupo I de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial Málaga inició, de esta manera, una investigación, que se ha desarrollado en el último año, tendente a esclarecer los hechos.
Una vez realizadas las gestiones oportunas de investigación, entre ellas el análisis de la denuncia inicial y la documentación aportada por la entidad perjudicada, los agentes descubrieron que otros dos bancos habían resultado afectados bajo un mismo modus operandi y mismas empresas implicadas.
Continuando con las pesquisas, los investigadores constataron que la trama, constituida por siete sociedades, había solicitado contratos de remesa bancaria de recibos a tres entidades bancarias y en el mismo tiempo. De este modo, dieron la orden al banco de que se ejecutasen cobros a diferentes clientes, de forma automática, falseando, además, los datos aportados a las entidades para evitar el cumplimiento de la normativa SEPA (Single Euro Payment Area), garante de la Zona Única de Pagos Euros, que permite operaciones con más libertad y agilidad, vigente desde el año 2014 y a la que están suscritos 32 países, en su mayoría de la UE.
MECÁNICA DE LA ESTAFA
En una primera fase, los clientes que debían hacer frente a los pagos de recibos, al no tener actividad laboral real, recibían inyección económica por parte de transferencias procedentes de cuentas de otras empresas de la trama o mediante ingresos en efectivo a través de cajeros automáticos.
Una vez que las entidades bancarias ejecutaban las órdenes de cobro de recibos, la cuenta de la sociedad presentaba un importante incremento en su haber, al cobrar la remesa de los clientes conniventes, con lo que daba apariencia de legalidad a sus operaciones.
Cuando el dinero se encontraba en las cuentas de la sociedad emisora de los recibos, sus titulares lo retiraban, a través de transferencias a cuentas del entramado delictivo o extracciones en cajero. En última instancia, antes del plazo autorizado de 56 días, los clientes devolvían los recibos en cascada, reintegrándose nuevamente el dinero en sus cuentas.
Bajo este modus operandi, las entidades bancarias, que debían tramitar las devoluciones de los recibos en el plazo legalmente estipulado cumpliendo la normativa vigente, habrían sufrido un perjuicio económico de unos 700.000 euros, en una estafa organizada al detalle por los arrestados, en su calidad de administradores o apoderados de las empresas implicadas.
Finalmente, las diligencias practicadas condujeron a los agentes a la plena identificación de los sospechosos, que resultaron detenidos por su presunta implicación en la trama. Asimismo, se practicaron registros en los domicilios de los cabecillas de la organización criminal, interviniéndose documentación bancaria probatoria de la participación de los investigados en los hechos. Paralelamente, se solicitó a la autoridad judicial competente el bloqueo de las cuentas bancarias de los principales investigados.
