La ‘okupación’ de viviendas en España no ha dejado de crecer en los últimos años, como refleja la evolución en el número de demandas presentadas a nivel nacional por ocupación ilegal de viviendas y analizadas en el informe de Europa Ciudadana ‘El acceso a la vivienda en España: ¿Qué hacer con el problema de la ocupación?’, elaborado por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, José Carlos Cano Montejano.
El informe hace una radiografía sobre la política de vivienda en España y la legislación vigente, incluidas las últimas medidas aprobadas por el Gobierno en la crisis del coronavirus, analiza los problemas de ocupación y dificultad de acceso de la vivienda, y concluye con una serie de recomendaciones para aplicar en España basadas en la experiencia de otros países.
En este sentido, el análisis hace especial hincapié en el ejemplo de Países Bajos, donde se ha desarrollado una regulación que ha permitido afrontar el problema de la ‘okupación’ y del acceso a la vivienda.
Se ha hecho a través de dos leyes, la de ocupación e inmuebles vacíos y la de alquiler temporal, que han consolidado un contexto favorable al arrendamiento de corta duración y el desarrollo de empresas dedicadas a esta actividad que, a su vez, han facilitado, por un lado, un acceso a un bajo precio a la vivienda y, por otro, desincentivar la ‘okupación’.
El informe destaca algunos aspectos de este modelo de Países Bajos que podrían servir de ejemplo para una regulación que acabe con la ‘okupación’ y facilite en España el uso como vivienda de inmuebles que ahora se encuentran vacíos, sin uso y desprotegidos.
Entre ellos, cabe destacar los siguientes: el aprovechamiento de inmuebles con uso no residencial para convertirlos en vivienda, permisos bajo regulación y autorización de organismos oficiales, así como el uso de edificios como oficinas y/o otros inmuebles vacíos con ciertas adaptaciones a la función residencial.
También se señala el uso temporal con un coste bajo de edificios vacíos, de forma que se pueda conceder la gestión de edificios vacíos a empresas denominadas de ‘gestión de vacantes’ que se encargarán del arrendamiento temporal. De este modo, una ocupación de edificios vacíos regulada permitiría evitar efectos sociales negativos en el entorno urbano como vandalismo y/o ocupación indebida de inmuebles vacíos.
Para José Carlos Cano, el modelo de los Países Bajos es un ejemplo al que debería mirar España para solucionar la dificultad en el acceso a la vivienda y la ocupación de inmuebles y edificios vacíos.
Por otra parte, el informe cifra el problema de la ocupación y destaca que, desde 2015, el número de denuncias presentadas en España por ocupación ilegal de viviendas ha aumentado un 50%, pasando de 10.376 en 2015 a las 14.621 de 2019, último año con datos completos. Por comunidades autónomas, Cataluña es donde más demandas se presentan, seguida de Madrid y la Comunidad Valenciana.
A este fenómeno de la ocupación, que se podría agravar con la crisis del coronavirus y las últimas medidas que ha adoptado el Gobierno, se une, a juicio del autor del estudio, otro de especial relevancia como suponen las dificultades que en España tienen de acceso a la vivienda determinados colectivos como los jóvenes o los colectivos con bajos ingresos.
Por estos motivos es clave, según se destaca en el informe, que desde las administraciones públicas se impulsen iniciativas encaminadas a resolver ambos problemas: la ocupación y la dificultad de acceso a la vivienda.
Para ello, tal y como se detalla en el trabajo, sería necesario habilitar cauces para promover un sistema de arrendamiento que permita alquileres de viviendas desocupadas y vacías de manera más sencilla, algo que también redundará en la mejora del acceso a la vivienda de determinados colectivos y grupos sociales.
