La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha presentado este miércoles a los consejeros de educación las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, que contará con una financiación de más de 4.500 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Educación, órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de enseñanza no universitaria, que ha tenido lugar esta mañana y en la que varias comunidades, como Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León o Cantabria se han quejado por no participar en los criterios de reparto de dichos fondos.
Las actuaciones del Plan, que se desarrollarán principalmente a través de programas de cooperación territorial, prevén destinar 1.900 millones a la modernización de la Formación Profesional, 1.496 millones en digitalización y 1.118 millones a prevenir el abandono escolar temprano y mejorar los resultados educativos.
En el ámbito de la digitalización, con 1.496 millones de euros en tres años se prevén: 827 millones de euros para la instalación de 236.318 ‘Aulas Digitales Interactivas’; 291,58 millones para la formación en competencia digital de casi 725.000 docentes; 150 millones para la adquisición de 250.000 dispositivos móviles destinados a los estudiantes más vulnerables; 84 millones en la creación de la Red de Centros Nacionales de Capacitación digital; y 110 millones en el Plan de Formación Profesional Digital.
En relación a la FP, con 1.900 millones, se incluyen 10 líneas de inversiones: 724,6 millones de euros al reconocimiento y la acreditación de las competencias básicas y profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral de más de 3 millones de personas; 518,8 millones a la conversión del 10% de los ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior en bilingües; 254 millones a la creación de 135.466 nuevas plazas de FP; 200 millones a la creación de una red de 50 centros de excelencia; casi 92 millones en el desarrollo de una oferta modular en empresas para unos 375.000 trabajadores y unos 2,5 millones a la formación de 25.281 docentes de FP en digitalización aplicada a los sectores productivos.
También prevé cuatro inversiones del ámbito de la FP para el empleo: 49 millones para cursos de actualización en 11 sectores de FP identificados como estratégicos; otros 49 millones para cursos para ocupados y desempleados en materia de sostenibilidad; 41,22 millones para cursos ligados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales en zonas de riesgo de despoblación; y 36,75 millones para cursos de formación asociados al cuidado de las personas del sistema nacional.
Además, el Ministerio señala que en los próximos meses se llevará a Consejo de Ministros el texto de la nueva Ley de Ordenación del Sistema único de Formación Profesional, que unificará la FP del sistema educativo y la FP para el empleo.
En cuanto a las actuaciones referentes a la modernización del sistema educativo con equidad, la inversión total asciende a 1.118 millones de euros repartidos en: 671 millones para la creación de 65.000 plazas del primer ciclo de Educación Infantil de titularidad pública; 320 millones para la implantación del Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo #PROA+ en más de 3.000 centros de especial complejidad educativa; y 124 millones para la creación de 1.460 Unidades de Acompañamiento y Orientación Personal y Familiar del alumnado vulnerable.
«Mejorar la equidad de nuestro sistema educativo supone prevenir y reducir el abandono escolar prematuro y promover el éxito educativo de todo el alumnado, en particular del que tiene más dificultades. Este es un objetivo de país. Tenemos que conseguir que al menos el 90% de los jóvenes terminen la educación obligatoria y permanezcan en el sistema educativo para obtener una titulación profesionalizante», ha destacado la ministra.
ENFADO DE ALGUNAS CCAA POR LOS CRITERIOS DE REPARTO
Durante la reunión, algunas comunidades autónomas, como Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León o Cantabria, han manifestado su malestar por no haber sido consultadas las regiones para el criterio de reparto de los fondos.
«Desgraciadamente, he tenido que manifestar en la Conferencia de Educación que no se ha consultado a las comunidades autónomas sobre el destino de los fondos europeos, y eso va a limitar su eficacia», ha señalado el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que asegura que «de las 13 comunidades que han intervenido, 8 han criticado esta forma de actuar».
También el conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, ha pedido al Ministerio la «participación e implicación» de las comunidades autónomas para que los fondos europeos de reconstrucción que se destinen al ámbito educativo se ejecuten «de forma eficaz», y la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha planteado también que las comunidades participen en los criterios de reparto de los fondos europeos.
Asimismo, la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo de Cantabria, Marina Lombó, dice que ha «echado en falta» una mayor participación de las comunidades en el diseño del destino final de los fondos, y ha pedido un «reparto justo» que tenga en cuenta no sólo la población sino el coste efectivo de los servicios.
Mientras, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha propuesto al Ministerio destinar fondos europeos a refuerzo de plantilla docente.
DESARROLLO DE LA ‘LEY CELAÁ’
Por otra parte, la ministra y los consejeros han abordado el desarrollo de la LOMLOE (también conocida como ‘Ley Celaá’), la nueva Ley educativa, aprobada el pasado 23 de diciembre. En particular, se ha hablado sobre la elaboración de las nuevas normas de ordenación académica de las diferentes etapas y de sus respectivos currículos, aspectos que irán juntos en un mismo Real Decreto, según ha dicho el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana.
El objetivo es revisar los métodos pedagógicos, los modelos de organización escolar y desarrollar un currículo que, a juicio de la ministra, sea «menos enciclopédico y más competencial», según el ministerio.
Tiana ha avanzado que, ya que la nueva ordenación debería empezar a aplicarse en el curso 2022-2023, se iniciarán «próximamente» las reuniones de la Comisión de Ordenación Académica de la Conferencia Sectorial, con representantes de las comunidades autónomas, así como de los grupos de trabajo que resulten necesarios.
«La idea es que en los próximos meses, para el verano, tengamos una norma que se pueda tramitar y publicar y luego las comunidades autónomas puedan desarrollar para llegar al curso 2022-2023», ha afirmado Tiana.
