El sindicato STES exige que se hagan cribados masivos en los centros educativos de toda España, como ya se hace en algunas comunidades autónomas, para así «demostrar» que son lugares seguros y no son foco de contagio de la COVID-19, tal y como sostienen desde Sanidad.
«¿Cómo saben que los centros son seguros, si no hay nada que lo demuestre? ¿De dónde sacan esa información? ¿Han hecho cribados masivos? No saben si hay gente asintomática, por ejemplo; no pueden vendernos la moto de que los centos escolares son seguros; que lo demuestren», ha reclamado María Luz González Rodríguez, del sindicato.
Tanto ella como José Ramón Merino, responsable de Acción Sindical y Política Educativa de STES, han ofrecido este martes una rueda de prensa para explicar cuál es la situación de los centros educativos en relación a la pandemia y exigir el desarrollo legislativo de la LOMLOE, la nueva Ley educativa (la ‘Ley Celaá’).
«Están en un aula cerrada, en un espacio pequeño, con veintitantas personas durante no se cuántas horas seguidas; si eso no es un foco de contagio…», advierte González, que avisa también de que las medidas sanitarias no son las mismas según la región.
Además de cribados masivos, el sindicato pide que se repartan mascarillas FFP2 a profesorado, personal no docente y alumnado, y que se instalen medidores de CO2 en las aulas y purificadores de aire que impidan la transmisión de aerosoles.
Asimismo, el sindicato, que constata un incremento «enorme» en el cierre de aulas este trimestre con respecto al anterior (pasando de unas 4.000-5.000 aulas confinadas a más de 6.000 en lo que va de mes), reclama al Gobierno que el COVID-19 sea considerada enfermedad profesional para los docentes.
Y pide también que los profesores sean tenidos en cuenta en el proceso de vacunación ya iniciado en España como uno de los colectivos prioritarios, dada su exposición al virus, la interacción con el resto de personas, y la permanencia en lugares cerrados como son las aulas durante los periodos de tiempo establecidos en su jornada laboral. «Estamos en primera línea, es un curso escolar muy duro y la consideración es mínima, somos un pilar fundamental y lo demostramos en el confinamiento», defiende González.
CIERRE DE CENTROS
Pese a considerar a los profesores como un colectivo esencial, el sindicato aboga por el cierre de centros si la incidencia del coronavirus es alta.
En este sentido, Merino recuerda que en países como Italia y Reino Unido se han cerrado los colegios e institutos cuando han aumentado los contagios de manera importante mientras que, según critica, en La Línea de la Concepción (Cádiz) no se llevó a cabo esta medida cuando la incidencia acumulada era de hasta 2.551 casos.
«Como no se toman este tipo de medidas, pues cada vez hay más casos; estamos pagando un precio muy alto, quizá estemos aguantando demasiado», considera González, que es partidaria de un cierre de unas dos semanas para bajar la curva de contagios.
DESARROLLO DE LA ‘LEY CELAÁ’
Por otro lado, el sindicato pide que se inicie el desarrollo normativo que sigue a la aprobación de la LOMLOE.
En primer lugar, quiere que el Ministerio de Educación y FP desarrolle la Disposición Adicional Séptima, estableciendo un acceso a la función pública docente que asegure la consolidación del empleo del profesorado interino, sin exclusiones, a través de un acceso diferenciado o cualquier otro sistema que garantice la consolidación del profesorado interino.
La Disposición Adicional Séptima establece también «el desarrollo profesional docente». Ante cualquier proyecto de Estatuto Docente, la Confederación de STES se opone a los modelos de carrera y/o evaluación docente jerarquizadora.
En segundo lugar, recuerda que la Disposición Adicional Undécima de la LOMLOE declara el cuerpo de profesores técnicos de FP como cuerpo a extinguir, por lo que STES reclama la integración inmediata de todo el profesorado técnico de FP en el cuerpo de Secundaria.
Asimismo, consideran que se debe regular la disminución del horario de docencia directa del profesorado, de horas complementarias y de permanencia en el centro. En concreto, piden 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria y otros cuerpos, y 23 para Infantil y Primaria, como máximo, en todos los casos.
SANCIONES PARA CONCERTADOS
Igualmente, el sindicato considera igualmente importantes otros aspectos que deben ser regulados en el desarrollo de la Ley, como la desaparición de cualquier asignatura evaluable alternativa a la Religión, la modificación de los actuales currículos, que el sindicato considera «demasiado extensos», para así asegurar una enseñanza con menos compartimentación y más integradora, inclusiva y que tenga ejes interdisciplinares como la coeducación y el desarrollo sostenible, y la disminución de las ratios.
Y reclaman que a los centros privados concertados que separen o discriminen al alumnado por razón de sexo, raza, religión, procedencia o cualquier otra circunstancia personal o social, o que no aseguren la gratuidad, se les incoe expediente sancionador y se les retire de forma inmediata el concierto por parte de la Administración Pública.
Según recuerdan, la ‘Ley Celaá’ establece este requisito que deben cumplir los centros privados para recibir subvención, pero alguna comunidad autónoma ya ha ampliado el tiempo de duración del concierto ampliándolo hasta un periodo de 10 años, como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde los actuales conciertos están prorrogados automáticamente hasta 2027. Por eso, STES advierte de que «es necesario introducir el mencionado requisito en el desarrollo normativo para que no se pueda burlar la ley».
