El Ministerio de Transición Ecológica ha convocado este miércoles 10 de febrero a las comunidades autónomas al grupo de trabajo para abordar la estrategia de conservación y gestión del lobo ibérico. Sin embargo, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, ha solicitado el aplazamiento de la reunión hasta que no se aclaren las circunstancias e «irregularidades» que, a su juicio, se produjeron en la última reunión de la Comisión Estatal para el patrimonio Natural y la Biodiversidad, celebrada el pasado 4 de febrero.
En la reunión de la semana pasada, en la que estaban presentes los directores generales de patrimonio natural de las autonomías, se aprobó elevar a la ministra de Transición Ecológica la propuesta de incluir todas las poblaciones de lobo ibérico en el listado de especies silvestres especialmente protegidas, lo que automáticamente supondrá la prohibición de la caza el lobo en toda España. Hasta el momento, esta protección ya está en vigor para las poblaciones al sur del Duero, pero no al norte del Duero, donde estaba considerada especie cinegética.
Según han informado fuentes ministeriales, el encuentro de este miércoles es a nivel de técnicos y se trata del grupo de trabajo acordado en la Comisión de Patrimonio Natural para elaborar la estrategia junto con la propuesta de incorporar al lobo ibérico en el listado.
El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, José Ángel Arranz, ha trasladado al director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Jorge Luis Marquínez, su petición de que se aplace esta reunión tras recibir por correo electrónico la convocatoria para este miércoles del Comité de Flora y Fauna Silvestre y del Grupo de trabajo del lobo, una reunión técnica convocada «en base a supuestos acuerdos adoptados en la Comisión Estatal», según el responsable autonómico.
En ese sentido, las regiones al Norte del río Duero consideran que dicho acuerdo es una propuesta, no un acuerdo, que no da por finalizado el procedimiento administrativo y que además presenta una serie de «irregularidades» que deben ser corregidas.
Tal y como viene denunciando la Junta de Castilla y León, estas irregularidades afectan tanto a la tramitación del procedimiento, como a la celebración de la última Comisión estatal, ya que, según apuntan, el propio dictamen emitido por el Comité Científico señala «la ausencia de criterios objetivos para la inclusión de especies en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre)».
Así, la Junta de Castilla y León se suma a las acciones y medidas que las otras comunidades autónomas del Norte del río Duero (Asturias, Cantabria y Galicia) emprenden para frenar la inclusión del lobo en el Lespre.
Estas comunidades, que albergan más del 95% de los lobos de España, defienden que esta decisión estatal carece de fundamento técnico y científico y vulnera las competencias exclusivas en materia de caza de las comunidades autónomas, pues la propia normativa comunitaria permite que las poblaciones de lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas con normas cinegéticas.
Por su parte, Transición Ecológica señala que con esta propuesta de inclusión de todas las poblaciones españolas de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial se atiende al dictamen del Comité Científico que «recomendó su protección al considerar su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales».
«El hecho de que se trate una especie clave para el funcionamiento de los ecosistemas, que su área de distribución abarque territorios de varias comunidades autónomas y que el número de éstas se haya incrementado en los últimos tiempos (ya hay ejemplares aislados también al este del Duero), así como las amenazas que afectan a la especie hacían necesario un enfoque de actuación común para que la gestión y conservación del lobo sea coherente en todo el territorio español, asegure sus poblaciones y distribución a largo plazo y garantice la coexistencia con el hombre», añade.
