La Comisión Jurídica Nacional por la Libertad de Educación, grupo de profesionales del Derecho en torno al que se reúnen diversas instituciones educativas, ha presentado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, una Petición en la que se solicita el amparo de las instituciones comunitarias porque consideran una «violación de derechos fundamentales» la nueva Ley educativa, la LOMLOE (también conocida como ‘Ley Celaá’), aprobada el pasado 23 de diciembre, y porque también consideran que supone un «ataque a la Libertad de Educación».
La Comisión Jurídica, en su escrito ante el Parlamento Europeo, registrado por esta cámara el pasado 28 de enero, denuncia, entre otros, la «violación» de los artículos 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 27 de la Constitución Española, que protegen la libertad de educación y de enseñanza, en particular, la libertad de los padres a que sus hijos puedan recibir una educación conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.
En concreto, la Comisión hace hincapié en seis aspectos básicos que, a su juicio, vulneran la normativa comunitaria o nacional. El primer punto es «la vulneración de la libertad educativa y religiosa, al no relacionarse la asignatura de Religión de entre las materias a impartir, lo que puede dar lugar a su directa supresión, o a su minusvaloración, al perder la exigencia de equiparabilidad y evaluación de la asignatura».
En segundo lugar, piden amparo a la Eurocámara por «la inclusión de asignaturas de carácter ideológico que podrían violentar las creencias de padres y alumnos, alejándose de valores comunes y al margen de aquellos que encuentran acogida en la Constitución Española y textos comunitarios».
Asimismo, denuncian «la abierta discriminación de la escuela concertada, al incluir un pseudoderecho a la educación pública que hace de la concertada un sistema educativo subsidiario, y que, al eliminar concepto de demanda social pretende su paulatina asfixia, quebrantando la libertad de creación de centros de enseñanza y la libertad educativa».
Igualmente, creen que la LOMLOE realiza una «persecución del modelo de educación diferenciada, violentando el ideario de los centros y la libertad de elección del modelo pedagógico o educativo que los padres entiendan más adecuado para el desarrollo de la personalidad de sus hijos en libertad».
También consideran que con esta Ley se producirá una «progresiva desaparición de la educación especial frente al criterio de una amplia mayoría de padres, quienes ven cómo sus hijos no van a poder optar libremente por un sistema pedagógico adecuado a sus circunstancias».
Y, finalmente, denuncian esta Ley por «la desprotección del español o castellano en las aulas, al quedar la utilización de la lengua oficial del Estado al albur de arbitrarias decisiones administrativas o políticas, desconociéndose el deber de todos los españoles a conocerla y su derecho a usarla».
La Comisión Jurídica asegura que ya mostró a la Unión Europea la «deriva liberticida» que ha tomado la legislación educativa en España. En este sentido, la asociación trabaja para que «la vulneración de Derechos Fundamentales reciba la oportuna respuesta política desde el Parlamento Europeo y se abran vías de intervención para que las instituciones comunitarias protejan jurídicamente los derechos esenciales de tantas familias que han sido vulnerados».
La asociación se suma así a la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, que también envió una Petición de amparo al Parlamento Europeo al considerar la LOMLOE un «ataque frontal» y «sistémico» al Estado de Derecho en España y ser contraria a la Constitución Española y a varias normas internacionales y supranacionales.
Sin embargo, la Comisión Europea ha evitado pronunciarse sobre la nueva Ley de educación en España, al señalar que la educación es una competencia exclusiva de cada estado miembro de la UE.
Ante la denuncia del sector de la concertada, la portavoz de Educación de la Comisión, Sonya Gospodinova, ha recordado que las competencias en educación corresponden a cada estado miembro, que «puede organizar su sistema educativo», por lo que el Gobierno europeo «carece de poderes legales» en esta materia.
