El abogado Jesús Santos, que representa al PP en el juicio por el presunto pago con dinero procedente de la caja ‘b’ de la reforma de la sede nacional del partido, ha criticado la actuación de las acusaciones populares en este procedimiento y ha asegurado que su objetivo es el «desgaste y el escarnio al adversario político».
Así lo ha dicho en la primera sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional, en la que las distintas partes han expuesto ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal sus cuestiones previas.
El abogado del PP, que ha recordado que ya solicitó a la Sala, sin éxito, que las cinco acusaciones populares se acumularan en una sola, ha criticado la finalidad que tiene cada una de ellas en esta causa.
Así, ha tratado de describir sus «vinculaciones políticas» apuntando, entre otros detalles, que uno de los abogados de Izquierda Unida es el diputado Enrique Santiago; que la acusación ejercida por Adade es una «asociación vinculada al PSOE»; o que el representante de Observatori Desc es el abogado Gonzalo Boye, quien también defiende al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Con todo ello, el letrado Jesús Santos se ha adherido a la «brillante» exposición que ha hecho el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, que ha invocado las conocidas como ‘doctrina Botín’ y ‘doctrina Atuxa’ sobre la falta de legitimidad de las acusaciones populares cuando el Ministerio Público no acusa por un delito.
En este procedimiento, las acusaciones populares atribuyen a la formación política un presunto delito fiscal relacionado con el Impuesto de Sociedades de 2008, del que no acusan ni Anticorrupción ni la Abogacía del Estado.
En esta línea, ha recordado la jurisprudencia del Supremo que señala que las acusaciones populares «no son una pieza esencial del proceso penal» y ha solicitado que limite la actuación de éstas al considerar «sonrojante» que hayan acusado por hechos que el auto de transformación a procedimiento abreviado –por el que se dio por concluida la instrucción– declaró prescritos y sobreseídos.
Por otro lado, ha criticado que hayan dirigido escritos de acusación por el delito de organización criminal, cuando ni siquiera estaba «vigente el momento de los hechos», o que llamen a declarar a testigos que no guardan ninguna relación con los hechos que se van a enjuiciar.
NUEVOS ESCRITOS DE ACUSACIÓN
Por ello, ha pedido que se «expulsen» todos los escritos de acusación provisional presentados por las acusaciones populares y que se anule el auto de apertura de juicio oral –por el que se sentó en el banquillo al extesorero del PP Luis Bárcenas y a otros cuatro acusados, más el PP como responsable civil subsidiario–, ya que contempla las acusaciones que se han formulado contra ellos.
Para subsanar errores, el abogado de la formación política ha instado al tribunal a que dé un plazo a las acusaciones populares para que presenten nuevos escritos de acusación o para que se adhieran a la Fiscalía Anticorrupción, que no cree que el PP hubiera cometido un delito fiscal.
Asimismo, el abogado Jesús Santos ha pedido al tribunal presidido por el magistrado José Antonio Mora Alarcón que haga una «nueva valoración» sobre la «pertinencia» de las pruebas solicitadas por las acusaciones populares.
TESTIGOS «IMPERTINENTES» E «INJUSTIFICADOS»
La defensa del PP considera que la pretensión de éstas de llamar a un «porcentaje tremendo de testigos que ni siquiera han pasado por la instrucción» es «impertinente» e «injustificada».
En este sentido, además de destacar que de muchos de los testigos no se aportan «dato alguno» sobre la relación que tienen con este juicio, no ve la utilidad de las testificales relacionadas con el contrato de Fitur en 2004 o con la adjudicación del contrato de basuras de Toledo a la empresa Sufi, que ya fue archivado.
Tampoco considera pertinente que comparezcan empresarios que figuran como donantes en los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, ya que el Juzgado Central de Instrucción número 5 mantiene abierta una pieza separada relacionada con estos hechos.
Por este mismo motivo rechaza que se llame a declarar como testigo a los supuestos «destinatarios de complementos salariales» procedentes de la presunta caja ‘b’ a los que apuntó Bárcenas en su escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción semanas antes de que se iniciara el juicio.
«Lo único por lo que se pretende traer a expresidentes, secretarios generales y altos cargos del PP es para el desgaste y escarnio del adversario político», ha afirmado Jesús Santos, que ha añadido que la intención de que estas personas «desfilen» por la Audiencia Nacional es «contribuir al circo mediático».
Está previsto que en este juicio declaren como testigos el expresidente del Gobierno y ex líder del PP Mariano Rajoy, los exministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado y actual senador Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo, entre otros, aunque aún no hay fecha para ello. En la lista de testigos también figura el expresidente del Gobierno José María Aznar.
El abogado del PP ha incluido en sus críticas a la defensa de Bárcenas –ejercida por Gustavo Galán–, a quien ha acusado de contribuir en dicho «circo» por plantear al tribunal la posibilidad de que se celebre un careo entre extesorero del PP y expresidente del Ejecutivo si ambos manifiestan contradicciones en sus respectivas declaraciones sobre la supuesta contabilidad paralela del partido.
También por pedir a última hora que testifiquen cuatro periodistas sobre su supuesto conocimiento de la existencia de una grabación en la que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta relacionaba a Rajoy con el pago de sobresueldos.
Con todo ello, Santos ha solicitado al tribunal que suspenda la vista hasta que valore «con la necesaria profundidad» todas las cuestiones planteadas, al entender que no pueden esperar al dictado de la sentencia.
«Si se mantuvieran toda la prueba propuesta por las acusaciones populares sería un ataque al derecho de honor a mi mandante, el PP», ha concluido el letrado.
